El Director Ejecutivo de CEJA, Jaime Arellano, expuso en el “V Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal: consolidando el modelo acusatorio en el Perú” ”, actividad realizada en la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) de Trujillo y organizada por el Poder Judicial de Perú, la Corte Superior de Justicia de La Libertad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de ese país y la Universidad Privada Antenor Orrego – UPAO.
El objetivo del encuentro fue evaluar los principales problemas de aplicación del Código Procesal Penal desde el año 2004, con el intercambio de experiencias de los principales actores de nuestra reforma procesal penal (magistrados, fiscales y defensa) y el aporte de los principales exponentes y representantes del Modelo Acusatorio en Latinoamérica. Para ello se contó con cinco expositores extranjeros, provenientes de Chile, Argentina y Colombia, 19 nacionales y 15 panelistas.
Los temas abordados en el encuentro de tres días, fueron el proceso inmediato, el tribunal de flagrancia, los juicios por jurado, el crimen organizado, corrupción de funcionarios, la reforma procesal en los precedentes vinculantes de la Corte Suprema y en la jurisprudencia del tribunal Constitucional, la prisión preventiva y la presunción de inocencia, la concurrencia de los órganos de prueba a juicio y la problemática de las mini audiencias, entre otros.
Arellano expuso sobre el uso de la prisión preventiva y los sistemas de antelación al juicio como respaldo técnico para la independencia del Poder Judicial en América Latina. Para ello inició su exposición analizando el impacto de las reformas procesales penales en el uso de las medidas cautelares. Arellano señaló que en un primer momento hubo una tendencia hacia la disminución de la proporción de presos sin condena dentro de la población carcelaria en la mayoría de los países; pero que actualmente la realidad es que más de la mitad de los países de América Latina tienen índices de presos preventivos que superan el 50% de la población en prisión. Bolivia, incluso, con 83,3%, es el tercer país a nivel mundial con la tasa más alta de presos preventivos.
Explicó Arellano que esto se debe en parte a la demanda ciudadana por mayor seguridad pública y a expectativas no satisfechas del nuevo sistema, lo que ha generado procesos contrarios, que se expresan, por ejemplo, en la vuelta a delitos inexcarcelables (Colombia, Ecuador, Paraguay); la prohibición de la sustitución de prisión preventiva por medidas cautelares alternativas (El Salvador, Guatemala, Honduras); la ampliación de causales de procedencia (Chile, Venezuela) y las limitaciones a discrecionalidad y flexibilidad judicial (México) .
Otro factor determinante en este tema, explicó Arellano, es la importante cantidad de países, en que la reforma procesal penal falla en incorporar la oralidad a las etapas previas al juicio, lo que impacta negativamente en la función de garantía que se pretende reforzar con el juez de garantía/control como actor central del nuevo sistema de justicia, impidiendo un sistema de litigación en el que se pueda discutir en profundidad la verdadera necesidad de decretar medidas cautelares personales. Asimismo, la ausencia de un control sistemático de control de las medidas cautelares genera su deslegitimación en el sistema.
Frente a ello, dijo el director ejecutivo de CEJA, resulta necesario que los sistemas de justicia trabajen alrededor de ciertos elementos comunes: 1) Regulación de audiencias orales para la discusión de medidas cautelares; 2) Instalar una institucionalidad con capacidad para generar información de alta calidad y ejercer una supervisión de las medidas cautelares; 3) registrar y analizar de manera integral los datos sobre los acusados en prisión preventiva o bajo medida cautelar alternativa; y 4) repensar los sistemas de respaldo para las decisiones judiciales.