La oralidad, la organización judicial horizontal y la planificación estratégica del Ministerio Público fueron los temas abordados en el Seminario internacional “Fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio”, realizado ayer en Mendoza, Argentina, organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, junto al Poder Judicial de la provincia.
La actividad se desarrolló en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, y reunió a más de 80 personas vinculadas a temas de justicia, interesadas en el proceso de reforma procesal penal en la provincia, iniciada en el año 1999, con el objetivo de discutir sobre los ejes centrales de un sistema acusatorio de tercera generación.
La actividad se dividió en dos módulos. El primero, “Profundización de la oralidad y organización judicial horizontal”, fue abordado por Leonel González, Director de Capacitación CEJA, y José Valerio, Ministro Presidente de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. “La estructura horizontal del Poder Judicial favorece la democratización de la institución y permite distribuir la carga de trabajo de una manera equitativa”, señaló González.
El segundo y último módulo, “Planificación estratégica de la persecución penal en el Ministerio Público”, lo asumió Macro Fandiño, Director de Estudios y Proyectos de CEJA, junto a Alejandro Gullé, Procurador General de la Provincia de Mendoza. “El éxito de la reforma procesal penal depende en una gran medida de la capacidad del Ministerio Público de realizar una reingeniería en sus procesos de trabajo”, resumió Fandiño.
En el año 1991 se sancionaron los códigos acusatorios en Córdoba y Tucumán y a ellos le siguieron las provincias de Buenos Aires (1997), Chaco, Mendoza (1999), Catamarca (2003), Chubut, La Pampa (2006), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe (2007), Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy (2009), Salta, Neuquén (2011) y Río Negro (2014).
En todas ellas se avanzó sobre la base de lineamientos comunes, pero con diferentes niveles de profundidad. Por ejemplo, en Chubut, La Pampa, Santiago del Estero o Entre Ríos, la separación de funciones jurisdiccionales de las investigativas incluyó la diferenciación de las tareas administrativas a partir de la creación de oficinas judiciales; en otras, la judicatura se reestructuró en colegios o pools de jueces, como en Chubut o Santa Fe. En relación al nuevo rol de las fiscalías, en ciertos casos se pudieron consolidar nuevos modelos de gestión y organización por flujo de casos y con nuevos sistemas informáticos, como en Salta, Ciudad de Buenos Aires o Chubut.