La necesidad de articular las Casas de Justicia con la justicia formal, aumentar los canales de participación de la comunidad en el diseño y definición de los proyectos de implementación de ellas, que se hagan diagnósticos de conflictividad para conocer con mayor precisión los conflictos preeminentes en la población, son algunos de los desafíos identificados por CEJA hizo al término del Primer Encuentro de Casas de Justicia de Argentina y América Latina, realizado en Buenos Aires la semana recién pasada.
La actividad fue organizada por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la inauguró la Subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez; el Vicepresidente del Consejo Directivo de CEJA, Manuel Montecino; el consejero de CEJA, Daniel Petrone y el Director Ejecutivo de CEJA, Jaime Arellano.
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Montecino destacó el encuentro como un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias con el objeto de identificar aquellos aspectos que ameritan el fortalecimiento de medidas que garanticen el acceso a la justicia. La subsecretaria Rodríguez destacó la necesidad de que al implementar el modelo de Casa de Justicia que sea, debe considerarse la posibilidad de empoderamiento de los miembros de la comunidad donde se desarrolla.
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Asistieron al encuentro cerca de 200 personas quienes participaron en una jornada de un día completo, cuyo objetivo fue potenciar el rol de las Casas de Justicia a nivel regional y argentino para identificar los nudos críticos y áreas que pueden fortalecerse para mejorar el acceso a la justicia.
Para el cierre de la actividad asistió la Vicepresidenta del Corte Suprema de Argentina, Elena Highton de Nolasco, el Secretario de Justicia, Santiago Otamendi, y el Director Ejecutivo de CEJA, Jaime Arellano.
Higton de Nolasco destacó el rol de la Comisión Nacional de Acceso a Justicia creada por el Poder Judicial de La Nación, que entre sus logros, cuenta la creación del Mapa de Acceso a la Justicia de Argentina y de América Latina (www.cnaj.gob.ar/cnaj/mapa.do).
Santiago Otamendi, relevó que las casas de justicia tienen la ventaja comparativa de gestionar y administrar el conflicto desde el inicio, lo que genera mayores posibilidades de resolverlo y de anticiparse a los conflictos posteriores, lo que no puede hacer el juez, dijo. “El diálogo y la mediación son un motor componedor para los conflictos”. Agregó que es necesario que se produzca un diálogo fluido entre las casas de justicia y el Poder Judicial.
Jaime Arellano cerró la actividad dando cuenta de los desafíos que CEJA detectó tras la realización del encuentro y de compartir experiencias regionales, como las de las Casas de Justicia de Río Negro y de Tierra del Fuego en Argentina, además de las de Bolivia, Costa Rica, Colombia, República Dominicana y el proyecto del Poder Judicial de Chile, denominado Centros de Justicia Ciudadanos.
La primera, es que resulta necesario articular las Casas de Justicia con la justicia formal. En muchos casos, las Casas de Justicia nacieron separadas de la judicatura, pero con el tiempo aparece la necesidad de proveer servicios integrados que pasan por soluciones diversas, que incluyen las judiciales. Señaló que en varios casos, los Jueces de Paz o Jueces desarrollan funciones más administrativas que jurisdiccionales, perdiendo capacidad resolutiva.
En segundo lugar, hay que aumentar los canales de participación de la comunidad. “Hemos constatado en este encuentro que muchos de los diseños surgieron de las reuniones de los expertos y de los operadores, creyendo saber lo que se necesitaba. Pero acá verificamos que debemos revisar las ofertas, pero más bien desde los conflictos que son más relevantes en la comunidad, por ejemplo. Esa conexión debe darse también a través del involucramiento de la Casa con la comunidad, para que ofrezcan no sólo soluciones individuales, sino también para los problemas colectivos.
Tercero, es fundamental que las Casas de Justicia hagan diagnósticos cada vez más precisos de la conflictividad para que realmente puedan ir respondiendo y actualizando la misión de las Casas.
Cuarto, explicó Arellano, es necesario profundizar en el desarrollo del sistema multipuertas. Las casas de justicia deben tener capacidad articuladora para ofrecer un abanico de soluciones entre las cuales estén también las judiciales. Para eso se requiere dar atribuciones a los jueces en las Casas de Justicia, para que puedan derivar a diversos mecanismos de solución y, también, poder escoger el procedimiento judicial específico más adecuado al conflicto, si ingresa por esa vía.
Quinto, CEJA detecta un problema de “agencia”. “Tenemos que asumir que las Casas de Justicia requieren financiamiento. Si entendemos que la provisión de servicios que dan, son parte de la solución del conflicto, debiera haber financiamiento estatal”. Si no, dice Arellano, se produce el riesgo de que cuando se entregan a la comunidad se desfinancian rápidamente y son obligadas a responder a la agenda de quien los financia, pudiendo desvirtuarse su rol.
Concluyó Arellano que el gran desafío es que las Casas de Justicia reorienten permanentemente sus objetivos hacia las necesidades de la comunidad donde se instala.
Al encuentro de Casas de Justicia le siguió un taller cerrado de trabajo que se realizó al día siguiente y en el que se profundizaron las materias abordadas el día anterior.
