Fuente: idealex.press
– 19 mayo, 2022
La abogada peruana Nataly Ponce comenta que el aumento del uso de la tecnología y el manejo de delitos de corrupción de alta complejidad son algunos de los retos que la organización se prepara para enfrentar de 2022 a 2025.
Este año es el inicio de una nueva etapa en el Centro de Justicia para las Américas (CEJA), especialmente para Nataly Ponce Chauca, quien fue designada como la nueva directora ejecutiva de la organización para el periodo 2022 a 2025.
Ponce es abogada de la Universidad Nacional Federico Villarreal , fue viceministra de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de Perú y viceministra de la Mujer. Cuenta con más de 20 años de experiencia en más de 10 países, donde ha trabajado temas de reforma a la justicia en instituciones como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
La abogada también fue investigadora del organismo, entre los años 2005 y 2008. Ahora, al mando de CEJA, destaca el crecimiento que ha tenido desde aquella época y el nuevo periodo que se abre para el Centro de Justicia: “Nos parece que la organización está en un momento muy importante para fortalecer su posición a nivel internacional y en ese esfuerzo nos vamos a concentrar en los siguientes años”.
Uno de las propuestas de la institución es un proceso participativo con el que dar a forma a su Plan Estratégico 2022-2025. “Nos parece fundamental tanto a mí como directora como al Consejo Directivo la necesidad de que la organización tenga una perspectiva a mediano plazo y que vaya en coherencia con las prioridades de los sistemas de justicias de las Américas”, dice Ponce y detalla de que el plan estratégico contará con una hoja de ruta con perspectiva al 2030 que buscara cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuesto por Naciones Unidas.
Diagnóstico a Latinoamérica
“En los últimos 20 años los sistemas de justicia han cambiado muchísimo, tenemos buenos avances en varios aspectos a los que CEJA ha contribuido desde una perspectiva técnica. Varios países han migrado de los principios inquisitivos a sistemas acusatorios y vigorosos, a través de las reformas procesales penales en casi 20 naciones de las Américas”, destaca Nataly Ponce, y añade que los ministerios públicos se han fortalecido en los últimos años.
Respecto de los retos que quedan por sortear, Ponce cuenta de que existen aquellos que se vienen heredando de diferentes décadas y los que están surgiendo en la actualidad. “Tenemos varios frentes que trabajar, como la institucionalidad que requiere tener la justicia para poder desplegar su trabajo de una manera independiente e imparcial y un desarrollo democrático sano, que es fundamental para sentar las estructuras de respeto a la institucionalidad y a la toma de decisiones independientes de los sistemas de justicia”, comenta.
La capacidad que tienen las instituciones para enfrentar casos complejos de corrupción son otra de las preocupaciones de CEJA. “Lamentablemente, es un problema transversal en varios países y desde esa perspectiva es esencial seguir construyendo capacidades técnicas, pero también políticas y de gobernabilidad de las instituciones de los sistemas de justicia para tener una solidez institucional con la que poder sancionar la corrupción y detectarla tempranamente”, menciona Nataly Ponce.
“La construcción de iniciativas para ayudar a las personas en situación de pobreza, disparidad, mujeres, población LGBT, afrodescendientes, personas que usualmente es difícil que accedan a la justicia, es otro gran reto”, dice la directora del CEJA sobre otro reto que buscan superar a partir de 2022.
El desafío de la tecnología en CEJA
La modernización de la justicia por medio de la tecnología es otra de las áreas que a la organización le interesa estudiar, especialmente tras el aumento del uso de herramientas digitales debido a la pandemia de COVID-19, al ser requeridas para llevar a cabo audiencias y tramites de manera telemática. Ponce deja claro que dentro de la institución tiene como objetivo “buscar cómo hacer que este uso de la tecnología, de la justicia digital, sea un instrumento que aporte a la reducción de la brecha de acceso a la justicia”.
Pero, el aumento del empleo de la tecnología también implica riesgos para los sistemas de justicia al abrir nuevos puntos de vulnerabilidad. “Como todo ámbito complejo existen una serie de desventajas como riegos a la data, a la seguridad de la información de las instituciones, pero también hay riesgos relacionados con la vulnerabilidad de derechos. En este minuto en América latina se está dando inicio, nosotros esperamos, del cierre de la pandemia y varios países se están preguntando como hacer que estas nuevas tecnologías y metodologías de trabajo virtual sirvan en pro de la justicia efectiva para reducir las brechas de acercamiento y no divida ni limite los ejercicios de los derechos”, señala Ponce.
Algunas dudas que las instituciones tiene respecto al uso de la tecnología, que el CEJA ha recopilado en su plan estratégico, consiste al tipo de audiencias que requieren formatos presenciales o virtuales.
“Hay algunos procesos, sin duda, como las audiencias de prisión preventiva, que hay que evaluar con mucha profundidad para saber si es pertinente que estas continúen en digital, hay muchas posiciones y por ejemplo antes de la pandemia se hacían audiencias dentro de recintos penitenciaros que se agilizaban por medio del formato digital al evitar todo lo que significaba el traslado de la persona privada de libertad, y de esa forma se aceleraban sus casos, comenta la directora de la organización.
Nueva constitución y justicia indígena
CEJA ha seguido con interés el proceso de redacción de la nueva constitución de Chile y Nataly Ponce destaca al país como uno que tiene una construcción institucional en el ámbito de justicia reconocida a nivel internacional. “Entonces, todas las construcciones que venga a darse en el ámbito de la nueva constitución nos parece muy importante que tome en cuenta lo avanzado y lo fortalezca, lo mejore y lo corrija en todo los ámbitos necesarios”, señala Ponce.
Un aspecto de la nueva constitución que interesa al CEJA se relaciona a la implementación de la justicia indígena en el país y destacan el esfuerzo que se hizo en la convención de investigar las prácticas de otros países como Canadá Y Estados Unidos en este ámbito. “En este contexto lo más relevante, nos parece a nosotros, es reconocer los derechos y generar hojas de ruta técnicas para la operativización de este marco normativo en términos de un efectivo ejercicios de derechos, un efectivo respeto a los principios del debido proceso y finalmente que se logre el ansiado acceso a la justicia a las poblaciones indígenas”, añade Ponce.
CEJA y los retos del futuro
“Nos parece que cada país, dentro de sus realidades, viene impulsando cambios, en algunos casos más sostenibles, en otros menos, en algunos casos hay causas estructurales más complejas”, comenta Ponce sobre la mejora de los sistemas de justicia en la región, destacando como avance la creación de unidades especializadas para crímenes complejos en varios países.
Este tipo de unidades ha aparecido en países como México, Perú o Chile y la directora señala al respecto que: “También tenemos una buena práctica frente a la criminalidad compleja con las unidades de análisis delictual, que se han constituido en el ministerio público de Colombia, ministerio público de Guatemala, o de Argentina. Entonces nuestro aporte coincide con relevar estas buenas prácticas y plantear sugerencias y recomendaciones para que estas sean cada vez más técnicas y sofisticadas de cara al mejoramiento de la justicia”.
Ponce finaliza mencionando la implementación de métodos alternativos de resolución de conflictos como una tarea pendiente para Latinoamérica, a pesar de los avances logrados en centros de conciliación, consejos de mediación y el arbitraje.
“Esto sigue siendo una tarea pendiente, hay una cultura de judicialización de los profesionales del derecho asociada con la manera de resolver los conflictos penales, civiles, administrativos, comunitarios, lo que es un desafío muy importante de enfrentar sobre todo porque el sistema de justicia formal atraviesa procesos que toman tiempo que impiden un acceso a la justicia rápido, por lo que es fundamental seguir construyendo mecanismos alternativos y trabajar en la cultura de la no litigiosidad”, concluye la directora.