“Debe darse paso a un control real, de carácter técnico y político, que lidere este proceso y que ponga el foco en una policía preventiva de carácter civil”.

Jaime Arellano
Director Ejecutivo – CEJA

La transformación de Carabineros —no una modernización— debe ser prioridad para el Estado de Chile. La policía uniformada, que gozaba de reconocimiento en las Américas, está mostrando hace años problemas similares a otros cuerpos policiales de la región. ¿Qué está ocurriendo? Desde el Centro de Estudios de Justicia de las Américas CEJA —institución técnica de la OEA, que sirve a 34 países miembros, incluido Chile— hemos visto los síntomas de un desgaste progresivo que se hace evidente.

Los casos son conocidos: la fabricación de prueba falsa incriminatoria contra dirigentes mapuche; la malversación de caudales públicos por parte de altos oficiales; disparos reiterados de balines, causando ceguera total o parcial a cientos de personas durante las protestas sociales; la investigación criminal de hechos calificados por la Fiscalía como tortura en una comisaría; la investigación contra un carabinero por empujar a un joven desde un puente, calificado como homicidio frustrado por el órgano persecutor; y críticas amplias a los resultados en la prevención, respuesta a la delincuencia y a la calidad de los procedimientos policiales sujetos a control judicial y exclusión probatoria, que en no pocas ocasiones dañan o imposibilitan la prosecución por parte del Ministerio Público.

Los hechos, procedimientos y resultados cuestionados, son en realidad síntomas de un grave desajuste institucional en Carabineros, que obstaculiza el cumplimiento de su misión, atenta contra garantías, dificulta la persecución penal y socava los debidos controles y equilibrios del sistema democrático. Este es el complejísimo escenario que observamos con preocupación desde CEJA.

¿Por qué no simplemente impulsar una modernización? Porque estas no tienen el alcance ni la profundidad requeridos. Han sido muchas las instancias en el pasado que pueden haber cumplido sus objetivos, pero no han solucionado este desajuste. La estructura y cultura institucional de Carabineros, en lo esencial, no han sido alterados, diluyendo los mejores esfuerzos hacia cambios de fondo.

¿Por qué una transformación profunda? Porque la estructura militar de Carabineros no ha evitado, por ejemplo, la corrupción, una de las supuestas ventajas de su diseño. Además, esta estructura y cultura tienden a suprimir voces de disenso que alertan sobre delitos, procedimientos inadecuados o ilegales, y plantean alternativas institucionales.  Todo ello sería muy sano en un ente público con sus potestades. Y, finalmente, la actual estructura y cultura es altamente resistente al cambio: tiene disposición a las modernizaciones, pero tiende a verse como la mejor respuesta frente a la delincuencia y las necesidades de orden público, y actúa en consecuencia —incluso inadvertidamente—, cambiando formalmente, sin que su estructura y cultura lo hagan en realidad.     

¿Es posible realizar esta transformación? Si es posible. Otro cuerpo policial chileno —la PDI— ya lo hizo. Durante los primeros años de la democracia, se transformó para superar graves desajustes institucionales que la sumían en corrupción, violación de derechos humanos e ineficacia en la investigación criminal. La PDI adoptó una estructura y cultura orientadas al cambio, volviéndola una organización que, con espacio aún para mejoras, es más flexible y adaptable. Este diseño facilitó, por ejemplo, el ajuste de protocolos y actuación a los estándares del sistema de justicia penal.

¿En qué línea puede moverse la transformación? Primero, debe darse paso a un control real, de carácter técnico y político, que lidere el proceso y ponga el foco en una policía preventiva de carácter civil. El proceso debe considerar varias acciones: actualización de perfiles, estructura organizacional, procesos de reclutamiento, formación y trabajo, resolviendo antes incluso la superposición de funciones con la PDI.

En lo inmediato, la discusión del presupuesto del 2021 debiera al menos considerar los objetivos estratégicos y un calendario de esta transformación, que incluya hitos durante el último año de la presente administración, así como los pasos posteriores que deben darse para materializar este cambio. Las autoridades políticas —Gobierno y Congreso— tienen una responsabilidad de Estado frente a la ciudadanía, que espera de ellas una respuesta pronta, razonable y efectiva a sus demandas por respeto de garantías, seguridad, orden público y justicia, todas esenciales en un estado democrático de derecho.

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