Para acompañar el proceso de transformación de la Procuraduria General de la República (PGR) en la nueva Fiscalía General de la República (FGR) de México la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) presentan el documento “Estándares internacionales sobre la autonomía de los fiscales y las fiscalías”, que recopila los lineamientos y salvaguardas institucionales que deben rodear la figura del Fiscal General, de los fiscales y de la institución de la Fiscalía, para garantizar su funcionamiento autónomo y libre de interferencias.
La función de investigar y perseguir el
delito, y el ejercicio de la acción penal en representación del interés
general de la sociedad, reviste una importancia central para la vigencia
del Estado de Derecho y tiene un impacto directo en el acceso a la
justicia y en el respeto de las garantías al interior del proceso penal.
Por ello, es importante que los diversos procesos que afectan
la figura del Fiscal General (como su designación, perfil, remoción y
duración del mandato), así como a los demás fiscales (ascenso,
traslados, condiciones de servicio, seguridad, régimen disciplinario) y a
la propia la institución de la Fiscalía (instrucciones generales,
relación con la policía, mecanismos de rendición de cuentas) estén
provistas de salvaguardas adecuadas que protejan su autonomía, y
resulten acordes con los valores democráticos.
“No puede
construirse una Fiscalía que persiga el delito eficazmente, si el diseño
institucional no incluye salvaguardas que eviten las presiones e
incluso su cooptación por grupos de poder que buscan impunidad. Sobre
esto, la experiencia comparada y el derecho internacional tienen mucho
que aportar” señaló Ursula Indacochea, Coordinadora del Programa de
Independencia Judicial de la Fundacion para el Debido Proceso (DPLF).
Por
su parte Marco Fandiño Director de Estudios y Proyectos del Centro de
Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) apunta que “En América
Latina se ha expandido un modelo autónomo de Fiscalía que garantiza
mayores niveles de objetividad e independencia en el ejercicio de la
persecución penal. Una parte importante de la criminalidad compleja en
México tiene de alguna forma su origen en la estructura del Estado. Si
la nueva Fiscalía General del República va a ser excesivamente
dependiente del Poder Ejecutivo o del Legislativo, eso supondría
mantener el status quo basado en la impunidad.”
“La crisis de
derechos humanos, corrupción e impunidad que ha golpeado a México en los
últimos años, hacen necesaria una reforma profunda en las instituciones
de procuración de justicia. Se requiere un Ministerio Público
plenamente independiente para investigar los delitos, sin importar si
éstas comprometen a funcionarios estatales y sin que influyan decisiones
políticas ni lealtades personales en el curso de la investigación; la
autonomía va más allá del aspecto técnico y presupuestario: presupone
una serie de medidas y contrapesos para garantizar que la Fiscalía sea
realmente eficaz para combatir la impunidad en nuestro país” comentó
Ana Lorena Delgadillo directora de la Fundación para la Justicia y el
Estado Democrático de Derecho institución miembro del colectivo
#FiscaliaQueSirva.
El documento recoge buenas prácticas existentes en la experiencia comparada de la región, así como las reglas y estándares desarrollados en el marco de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
y tiene como objetivo, acompañar el proceso de transformación de la
Procuraduría General (PGR) en la nueva Fiscalía General de la República
(FGR) en México.
Descargar documento acá
Contactos:
Ana Lorena Delgadillo, Directora Ejecutiva de la FJEDD
dirección.fjedd@gmail.com
Ursula Indacochea, Coordinadora del Programa de Independencia Judicial DPLF
uindacochea@dplf.org
Marco Fandiño Castro, Coordinador de Estudios y Proyectos CEJA
marco.fandino@cejamericas.org