Durante el encuentro internacional “La Agenda de la Sociedad Civil en los Procesos de Reforma Judicial en América Latina” organizado por CEJA y realizado en Río de Janeiro los días 26, 27 y 28 de octubre pasados, los representantes de las organizaciones no gubernamentales vinculadas a temas de justicia acordaron relanzar la “Red Latinoamericana y del Caribe para la Democratización de la Justicia”, formada en los años 90 pero que con el paso del tiempo se fue desarticulando.
En el encuentro, convocado por CEJA,
hubo representantes de la sociedad civil de 14 países de la región-
Chile, Brasil, Venezuela, Argentina, Colombia, Honduras, Cuba, México,
Bolivia, Guatemala, Perú, República Dominicana, El Salvador y Paraguay –
quienes participaron en una jornada de dos días y medio de trabajo en
el que se analizaron su rol desempeñado en las reformas judiciales de
los últimos años y los desafíos futuros.
La Red será coordinada
por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales
de Argentina, INECIP, organismo con casi 30 años de experiencia en
estudio y apoyo a los procesos de transformación de los sistemas
judiciales y de los sistemas penales.
Uno de los principales
objetivos de la red será articular a las ONGs que han trabajado de forma
muy vinculada a temas penales con otras organizaciones que trabajan
temas relacionados con la justicia civil, acceso a la justicia o
temáticas que afectan de forma transversal al funcionamiento de estos
sistemas.
El objetivo del encuentro fue crear un espacio de
debate entre las ONG que han participado en la discusión y promoción de
las reformas a los sistemas de justicia en la región, para lo cual la
discusión se abrió con la exposición del profesor argentino y Presidente
de INECIP, Alberto Binder, con la ponencia “El futuro de la Reforma
Procesal Penal en América Latina”. Le siguieron temas de análisis como
los Desafíos en el tránsito hacia un sistema acusatorio en Brasil; las
Garantías judiciales y derecho de defensa; el Análisis
político-criminal; Experiencias nacionales de ONGs y Reforma Procesal
Penal; las Reformas al Proceso Civil en la región; la sociedad civil en
la protección y defensa de los ciudadanos en el marco de Reformas a la
Justicia Civil.
“Nuestro objetivo es constituir una red de
organizaciones que colabore en el proceso de identificar las necesidades
de justicia insatisfechas que deban ser abordadas por el Estado o
resueltas privadamente, determinar los conflictos que requieren solución
en sus países y pensar en los mecanismos más adecuados para
encontrarles solución”, señaló el Director Ejecutivo de CEJA, Jaime
Arellano.
El último día del Encuentro se dividió el trabajo
entre ONGs dedicadas a temas penales, de las que abordan temas de la
justicia civil, formándose dos comisiones que arrojaron algunas
conclusiones y acuerdos:
ACUERDOS COMISIÓN CIVIL:
1.
Incorporar una visión sistémica en función de los diversos niveles de
conflictividad y establecer diálogos con la jurisdicción penal y la
contencioso-administrativa.
2. Promover una visión de la justicia civil que pueda incorporar la problemática social y con un enfoque de género.
3.
Replantear los Mecanismos Autocompositivos de Solución de Conflictos.
Replantear la obligatoriedad y revisar los incentivos de los operadores
del sistema.
4. Extraer de la justicia ordinaria los asuntos
voluntarios y no contenciosos y replantear el sistema de ejecución para
hacerlo más ágil.
5. Regular mecanismos para la protección de los
intereses individuales homogéneos como los procesos colectivos y las
acciones de clase.
6. Integrar a los Colegios de Abogados en este proceso y fortalecer su rol.
7.
Establecer mecanismos que permitan incorporar las pequeñas causas al
sistema de justicia para realizar una tutela eficaz de los derechos.
8. Agilizar el sistema judicial a través de procedimientos monitorios.
9.
Implementar centros de información, orientación y derivación basados en
la evaluación de los conflictos para promover diversas fórmulas de
solución.
10. Promover la evaluación de la prestación de los
servicios de justicia y plantear la situación crítica de la formación de
los operadores del sistema.
ACUERDOS COMISIÓN PENAL:
1- Nuevo formato de gobierno judicial, que permita garantizar la independencia judicial.
2- Instauración de Juicio por jurados
3-Reconstrucción del modelo de juez en un sistema adversarial y estructura organizativa del Poder Judicial
4- Control de salidas alternativas al conflicto y medidas cautelares a la prisión preventiva.
5- Ejecución penal
6-Comunicación, medios y sistema de justicia
7- Calidad del litigio- Extender la oralidad a etapas del recurso
8- Acceso a la información. Rendición de cuentas
9-Redefinición del rol de la víctima en el proceso penal
10-Persecución penal estratégica y análisis criminal
11-Capacitación y Formación
12-Defensa penal efectiva. Nuevos modelos de estructuras organizativas de las defensas
13- Evaluación y seguimiento: monitoreo de la reforma
Los
representantes de la sociedad civil que participaron pertenecen a: el
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, la
Pontifica Universidade Católica de Río de Janeiro, la Universidad
Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), el Instituto de Defesa do Direito de
Defesa de Brasil, el Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal,
Instituto Baiano de Direito Processual Penal, el Instituto de Justicia
Procesal Penal de México, el Instituto Latino Americano de Estudos sobre
Direito, Política e Democracia de Brasil, la Fundación Construir de
Bolivia, la Universidad de la Habana de Cuba, la Fundación Paz Ciudadana
de Chile, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de
Guatemala, el Centro de Investigación para el Desarrollo de México, el
Programa Justiça Sem Muros do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania de
Brasil, el Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal, el Centro
de Estudios de Seguridad Ciudadana de Chile, la Corporación Excelencia
en la Justicia de Colombia, la Asociación Civil por la Igualdad y la
Justicia de Argentina, el Instituto de Ciencia Procesal Penal del Perú,
Unidos por la Justicia de Argentina, el Centro de Estudios Judiciales
del Paraguay, la Fundación para el Debido Proceso, la Fundación de
Estudios para la Aplicación del Derecho de El Salvador, la Fundación
Institucionalidad y Justicia de República Dominicana, Usuarios y
Consumidores Unidos de Argentina, Fórum Justiça de Brasil, la
Organización Nacional de Bufetes Colectivos de Cuba y la ONG Acceso a la
Justicia de Venezuela.
