En julio y agosto pasado el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, con aportes de la Unión Europea y en el marco del Programa de Cooperación en Temas de Seguridad con Panamá (SECOPA), de la sección regional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC) – entregó asistencia técnica para la evaluación de los avances en el proceso de implementación gradual del nuevo Sistema Penal Acusatorio en Panamá, que iniciará su tercera etapa y penúltima etapa en septiembre próximo.
El trabajo – desarrollado por los consultores CEJA, Marco Fandiño y Leonel González, junto a Gonzalo Rúa, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales de Argentina, INECIP, y Delia de Castro y Barzy Hernández, de la UNODC, consistió en una evaluación del trabajo desarrollado en los distritos judiciales Segundo (Coclé y Veraguas) y Cuarto (Herrera y los Santos) de Panamá donde ya comenzó a operar el nuevo sistema, en septiembre de 2011 y septiembre de 2012, respectivamente.
CEJA pone a disposición de los interesados el informe ejecutivo de dicha asistencia técnica, en donde se detallan algunos de los principales avances de la reforma penal panameña, como un importante desarrollo de la Oficina Judicial; una consignación de recursos humanos, presupuestarios y edilicios satisfactoria; la celebración de audiencias orales, contradictorias y públicas y un avance significativo en el tratamiento y la atención de víctimas y testigos.
En septiembre del 2011, Panamá puso en marcha, por etapas y de forma progresiva, la aplicación del Sistema Penal Acusatorio como un modelo procesal de corte garantista dirigido a resolver conflictos penales. La implementación se inició en el Segundo Distrito Judicial (provincias de Coclé y Veraguas) y desde el 2 de septiembre de 2012 se instaló en el Cuarto Distrito Judicial (provincias de Herrera y Los Santos). Posteriormente se pospuso por dos años la puesta en el Tercer Distrito Judicial (provincias de Chiriquí y Bocas del Toro) donde se espera que empiece a aplicarse el 2 de septiembre próximo y en el Primer Distrito Judicial (Provincias de Panamá, Darién, Colón y Guna Yala), donde debe regir a partir del 2 de septiembre de 2016. En estos dos últimos distritos el desafío es mayor, dado que allí se encuentran las ciudades con mayores niveles de criminalidad como David (3er Distrito Judicial) y Ciudad de Panamá y Colón (1er Distrito Judicial).