Luego que el Gobierno de Chile decidiera retomar la discusión legislativa de la llamada Reforma Procesal Civil y proponer cambios a su actual sistema de nombramientos de jueces y juezas, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), manifestó su opinión ante ambos proyectos, como organismo promotor de modernizaciones a la judicatura en 34 países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
“Chile necesita realizar una transformación profunda de su sistema de justicia civil. El proyecto propone dar más eficiencia a los procedimientos que ya existen y conocen los tribunales, pero no se extiende necesariamente hacia el tipo de conflictos y las personas que más lo requieren, ni se innova en materia de carga de la prueba o gestión de casos”, señaló el director ejecutivo del organismo internacional, el abogado Jaime Arellano.
El viernes 16 de abril pasado, el Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, anunció que retomará en el Congreso Nacional la discusión del proyecto del nuevo Código Procesal Civil, paralizado en el Senado en 2014, cuando iniciaba su segundo trámite legislativo.
La reforma —explicó el Gobierno— será acompañada de otros tres cambios legales: un proyecto de Ley de Mediación en materia civil y comercial, incorporando dentro del Poder Judicial una unidad especializada que prestará este servicio de manera gratuita a toda la comunidad; un proyecto de ley que reforma el Código Orgánico de Tribunales, que diseña toda la estructura orgánica asociada a la reforma; y un nuevo sistema de nombramiento para los jueces.
Nombramientos
Sobre este último proyecto, el director ejecutivo de CEJA manifestó que “va en el sentido correcto”, y que, para garantizar la independencia judicial interna, es recomendable disminuir la participación de la Corte Suprema en el proceso.
“Consideramos que, durante el debate del proyecto de ley en el Congreso, se debe seguir avanzando en el diseño del sistema de nombramientos y hacia una mayor independencia judicial interna. Esto se puede lograr equilibrando de mejor manera la integración de la comisión, por ejemplo, reduciendo la representación de la Corte Suprema y así dar espacio a ampliar la representación del mundo del derecho y de las regiones”, señaló Jaime Arellano.
El proyecto —según lo informado por el Ministerio de Justicia— propone crear una Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales, que será un organismo con autonomía, que dirigirá el procedimiento y tendrá que resolver siempre mediante una resolución colegiada y fundada. Este mecanismo, además, pone fin a la facultad discrecional y unilateral del Ejecutivo de designar a los jueces y otros funcionarios del escalafón primario.
«El ideal es que el sistema de nombramientos sea establecido en la nueva Constitución, para darle estabilidad. Sin perjuicio de ello, es muy importante avanzar por ahora a nivel legal en la transformación», indicó Arellano.
El director ejecutivo recordó que el CEJA participó de la mesa de trabajo que organizó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en los debates previos a la redacción del proyecto de ley, que fue anunciado.