En entrevista con Emol, el exsubsecretario y actual director ejecutivo de CEJA, Jaime Arellano, recalcó la importancia que “la justicia penal chilena adquiera legitimidad cada vez más fuerte en la ciudadanía”*.
*Esta entrevista fue realizada por la periodista Tamara Cerna del medio de comunicación EMOL (CHILE) y publicada el domingo 13 de diciembre de 2020.
“Lo primero que hay que hacer es reconocer lo que ha sido un cambio paradigmático del sistema de justicia penal chileno”, partió diciendo el director ejecutivo del Centro de Justicia de las Américas (CEJA), Jaime Arellano, al analizar los 20 años que han pasado desde la implementación de la Reforma Procesal Penal.
El abogado, que en su cargo como subsecretario de Justicia durante el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) debió impulsar el proceso en todo el país, reconoció en conversación con Emol “resultados impresionantes” y falencias, aunque sosteniendo que “20 años, dentro del sistema de justicia, es un tiempo corto. Es un tiempo de internación”.
Como parte de los primeros señaló el manejo de causas y tiempos de respuesta. Si bien hay procesos que se han prolongado por años tras el inicio de la investigación, aseguró que este “es un tiempo relativamente razonable para un caso complejo de delitos graves”, pero que el promedio es mucho más bajo.
En tanto, uno de los temas pendientes refiere a los llamados delitos “de cuello y corbata”, los que han implicado en el último tiempo la apertura de una serie de investigaciones, como los casos SQM, Corpesca, Farmacias y Penta.
Delitos económicos
“Nos falta seguir avanzando en persecución de delitos económicos, como colusiones, aprovechamiento de información privilegiada en mercados de valores, de fraudes al Fisco, de corrupción público y privada”, manifestó Arellano para abordar la situación en Chile.
A su juicio, el problema está en algo más estructural: que el Código Penal, que data del siglo XX, no tiene todas las figuras delictuales dentro de sí, quedando fuera, por ejemplo, este tipo de ilícitos.
“Es bastante evidente que la crítica que hace la gente al sistema de justicia por clasista, por estar orientado hacia cierto tipo de personas, no es en realidad el sistema de justicia, sino que nuestro Código Penal. Nuestras leyes penales son las que determinan sanciones terriblemente graves para delitos físicos, que comete alguien que ejerce fuerza, y otras poco graves para los que cometen los delitos.
Y agregó: “Hay una señal que te dice que vamos con cárcel para el delito que comete el más pobre, pero para el que comete la persona más adinerada, con mejor formación, se va más suave”.
Esto tendría que ver con “una cuestión casi inconsciente”: “¿Quiénes somos los que estamos discutiendo de justicia?, ¿quiénes están legislando? Un grupo socioeconómico. Entonces los mismos que legislan tienden a ser duros con aquellos que no son parte de su grupo”. “Estos delitos de carácter económico hoy en día causan muchos más daños que los físicos. La estructuración del crimen organizado y delitos económicos son de miles de millones de dólares, en Chile y otras partes del mundo, así que tenemos que tomarnos en serio el perseguir esto”, acotó.
“Las penas tendrían que ver con sacar a esas personas de ese ambiente. Si un gerente de una empresa dirige acciones destinadas a coludirse para fijar precios, esa persona debiera quedar impedida de tener cargos gerenciales, de formar parte de directorios y formar empresas (…) somos muy duros para unos delitos y para otros no”.
El director ejecutivo del CEJA también consideró necesario avanzar en cibercriminalidad y delitos de género, odio, migración y contra minorías sexuales, abogando para que ello se considere en la nueva Constitución y nuevo Código Penal. “Necesitamos que la justicia penal chilena adquiera legitimidad cada vez más fuerte dentro de la ciudadanía”, cerró.
Crítica a instituciones
Para el abogado otro tema a analizar es el uso de salidas tempranas. Considera “razonable” que cerca del 5% de los casos que ingresen al sistema terminen en juicio, pero no el uso que se está dando al archivo de causas por parte del Ministerio Público.
Apostó por una mejor comunicación con ciudadanía, a la que se debería explicar por qué se archivó su caso, que los antecedentes aportados podrían aportar en otras indagatorias y luego comunicar los resultados del caso.
“Es importante que los archivos provisionales no se usen solo para bajar la estadística (de causas pendientes); que no signifiquen que van a ir a parar a un cajón, sino que a una base de datos que se tratan de manera inteligente que forma parte del análisis criminal de la fiscalía”, manifestó.
Así también, destacó la importancia de “mirar con lupa” la carga de trabajo que por años vienen acusando los persecutores, ya que no todas las causas asignadas demandan el mismo trabajo. En cuanto a las policías, propuso fomentar el rol investigador de la PDI con una mayor cobertura territorial, y que Carabineros se mantenga solo como una institución preventiva.
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