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El CEJA presenta – en papel y en formato digital- la publicación “Guía para la Implementación de Mecanismos Alternativos al Proceso Judicial (MAPJ)” que recopila experiencia latinoamericana en esta materia, analiza tres casos específicos de la región y propone una serie de recomendaciones para la implementación de dichos sistemas. La publicación fue coordinada por el encargado de Estudios y Proyectos de CEJA, Marco Fandiño.
La publicación recopila y sistematiza la información obtenida durante el desarrollo del Proyecto “Mecanismos Alternativos para favorecer el Acceso a la Justicia en América Latina”, que ejecutó CEJA con apoyo del International Development Research Centre(IDRC) de Canadá, cuyo objetivo fue generar recomendaciones en base a evidencia para fortalecer la elaboración de políticas públicas destinadas a favorecer el acceso a la justicia de grupos vulnerables de la población, mediante la incorporación de mecanismos alternativos al proceso judicial en América Latina.
En ese marco, CEJA desarrolló un trabajo de investigación desde el año 2013, que comenzó con la elaboración de un estudio de línea de base, que permitió identificar un total de 207 mecanismos y experiencias en 19 países de la región. Un segundo producto fue la elaboración de estudios de casos de tres experiencias nacionales sobre MAPJ en la región: la Mediación Obligatoria en Argentina, el Programa Nacional de Casas de Justicia de Colombia y los Centros de Mediación del Organismo Judicial de Guatemala. También se realizó en Colombia un encuentro internacional sobre el tema en noviembre pasado que reunió experiencias de Colombia, Chile, Canadá, Costa Rica, Argentina y México.
La publicación que CEJA pone a disposición del público comienza con una sistematización de la información recopilada a través del proyecto, el contexto que han enfrentado los MAPJ en América Latina, las principales discusiones, su incorporación en la agenda pública y el proceso de elaboración de alternativas puntuales. Se presentan las grandes tendencias regionales de acuerdo a los elementos comunes de los MAPJ identificados. Asimismo, se identifican las principales problemáticas detectadas en la investigación a nivel regional y algunas conclusiones respecto a la información que se identifica como inexistente o ausente de estos análisis.
Los siguientes tres capítulos corresponden a los estudios de caso en los que se buscó desarrollar la investigación en profundidad para mejorar el nivel de información disponible: la mediación obligatoria en Argentina, elaborada por el profesor de la Universidad Nacional de la Plata, Leandro Giannini; las Casas de Justicia de Colombia, a cargo de los investigadores de DeJusticia, Mauricio García, José Espinosa, Sebastián Lalinde, Lina Arroyave y Carolina Villadiego; y los Centros de Mediación del Organismo Judicial en Guatemala, a cargo de Camilo Jara y Marco Fandiño, de CEJA.
El último capítulo recoge una serie de recomendaciones surgidas a la luz del desarrollo del proyecto de investigación, la información y evidencia generadas y que – según CEJA- favorecerían la implementación de mecanismos alternativos para favorecer el acceso a la Justicia. Algunas de ellas son:
- Ampliar el catálogo de técnicas de resolución de conflictos para superar la visión restringida limitada al arbitraje, la mediación y la conciliación: se detecta especial rigidez a la hora de establecer cuáles deben ser las técnicas concretas que se utilizarán para la resolución de los conflictos. En la gran mayoría de leyes generales en esta materia dictadas a partir de los 90, se habilita el uso del arbitraje, la mediación y/o la conciliación para la resolución de conflictos entre particulares.
- Necesidad de realizar diagnósticos de oferta y demanda de forma previa a la implementación de estos mecanismos: se vuelve vital la elaboración de diagnósticos tanto de oferta como demanda, un elemento esencial a la hora de configurar una política pública de acceso a la justicia de estas características.
- El debate entre la obligatoriedad y la voluntariedad: no se aprecia un debate científico y técnico acerca de cuáles son las materias que deben ser objeto de obligatoriedad y cuáles no. Se recomienda estudiar y profundizar cuáles son los resultados obtenidos en las distintas materias; esto para configurar la obligatoriedad solamente en materias en las que se espere un razonable grado de consecución del acuerdo.
- El rol de los abogados: se observa que la regulación facultativa de la asistencia letrada genera graves riesgos a la igualdad entre las partes. En la situación en la que se encuentran los MAPJ, es fundamental trabajar de forma coordinada con los abogados para que comprendan que la consolidación de estos mecanismos es un fenómeno irreversible en el cual su participación, además de generarles un nuevo espacio de crecimiento laboral y económico, contribuye a la dignificación del servicio que prestan a sus clientes, así como a la calidad de los acuerdos obtenidos.
- Coordinación entre los MAPJ y el sistema de justicia: el estudio arroja que en una gran mayoría de casos, estos mecanismos se encuentran conectados de una u otra forma al sistema de justicia; 84 de los 207 mecanismos identificados se encuentran integrados limitadamente en el sistema judicial (comparten información o se derivan causas); y 61 de los 207 se encuentran integrados de forma sustancial. Solamente 62 no tienen ningún vínculo con el sistema judicial. Deben advertirse y analizarse en profundidad tanto posibles consecuencias negativas (contagio de formalismos) como positivas (efecto disuasorio que mejora el nivel de asistencias y el cumplimiento de los acuerdos).
- El valor jurídico de los acuerdos: la homologación judicial es un trámite excesivamente burocrático y que envía un mensaje muy negativo a la ciudadanía de que la resolución colaborativa de conflictos entre particulares está supeditada a la decisión final de los jueces. Sería importante favorecer otros mecanismos distintos a la homologación, como la capacitación para asegurar que los acuerdos entre los particulares sean ajustados a derecho.
- Seguimiento y cumplimiento de los acuerdos: otro aspecto conflictivo tiene que ver con cómo el acuerdo se proyecta en el tiempo, cuál es su grado de cumplimiento así como si existen o no mecanismos para hacerle seguimiento. Es necesario que existan mecanismos que permitan identificar el grado de cumplimiento de los acuerdos, los motivos del incumplimiento así como la valoración del servicio recibido por parte de los usuarios. Los MAPJ deben analizar estos aspectos ya que suponen una fuente importante de posibles reingresos de casos en el sistema.
- Focalización en grupos vulnerables: se debe avanzar hacia una reglamentación que en relación a cada uno de los grupos vulnerables establezca recomendaciones específicas a lo largo del proceso de conocimiento de su necesidad jurídica, independientemente de cuál haya sido la posibilidad por la que haya optado.
- Información, Evaluación y Seguimiento: es imprescindible que los MAPJ configuren como un aspecto esencial la producción de información estadística confiable. Además, deberán generarse instancias de evaluación y seguimiento que procesen y analicen dicha información y que puedan concluir el grado de cumplimiento de los objetivos esgrimidos al momento de su implementación.
- Necesidad de favorecer una tutela efectiva de los derechos para garantizar una negociación adecuada de los intereses: los MAPJ y la justicia ordinaria forman parte de la oferta de justicia disponible y, por lo tanto, el hecho de que exista mayor o menor eficacia en alguna de las opciones de resolución de conflictos, va a impactar considerablemente en las decisiones que tomen los particulares. En ese sentido, el hecho de que el sistema de justicia funcione de forma eficiente, confiable y accesible no debe ser visto como una competencia a los sistemas alternativos de solución de conflictos. Por el contrario, el sistema judicial debería tender a encargarse de aquellos conflictos con mayor complejidad y carga probatoria así como aquellos casos en los que no exista ninguna posibilidad de autocomposición.
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