El pasado lunes 31 de marzo el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, y el Sistema de Naciones Unidas en Guatemala convocaron en Ciudad de Guatemala al Seminario Internacional “Desafíos actuales del Ministerio Público en América Latina: Una visión sobre la experiencia en Guatemala”.
La apertura del mismo contó con las palabras de Valerie Julliand (Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala y Representante Residente del PNUD), Jaime Arellano Quintana (Director Ejecutivo de CEJA) y Claudia Paz y Paz (Fiscal General y Jefa del Ministerio Público de Guatemala). Tanto Julliand como Arellano coincidieron en la importancia de generar espacios de discusión e intercambio de opiniones y experiencias a nivel regional. Por su lado, Paz y Paz resaltó los principales ejes de trabajo de su gestión al frente del Ministerio Público de Guatemala.
El primer panel de expositores abordó el tema de las “Experiencias Regionales en Desarrollo Institucional de los Ministerios Públicos”. Estuvo integrado por Erick Juárez (consultor externo de CEJA), Alberto Ayala (Fiscal Regional Oriente de la Región Metropolitana de Santiago de Chile) y Leticia Lorenzo (Secretaria de Capacitación del Poder Judicial de Neuquén, Argentina).
Juárez manifestó que los Ministerios Públicos deben avanzar hacia modelos de organización en los cuales las fiscalías se estructuren de modo territorial, se especialicen las unidades en función de los tipos de delitos y se establezcan unidades focalizadas en flujos de casos. Ayala destacó la experiencia de Chile y la importancia de diseñar mecanismos de control de gestión que muestren permanentemente los indicadores fundamentales del modelo que se ejecuta, para una adecuada toma de decisiones. Lorenzo abordó la experiencia concreta del Ministerio Público de Guatemala, resaltando que este ha adecuado su estructura institucional según las recomendaciones de CEJA, lo que le ha permitido analizar el fenómeno criminal, optimizar sus recursos y establecer metas claras de política criminal.
El segundo panel estuvo dedicado a los “Avances en la Atención y Protección de las Víctimas y Testigos” y estuvo conformado por Alejandro Álvarez (Representante del PNUD), Luis Enrique Manco Yaya (Fiscal Adjunto adscrito a la Unidad Central de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de Perú), Jenny Fonseca (Representante de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) y Miriam Domínguez, (Representante de la Red Metropolitana de Derivación de Atención a la Víctima de Guatemala).
Álvarez expuso que la atención a víctimas es más que un objetivo jurídico-procesal y debe convertirse en un elemento de la política criminal. A su vez, puntualizó que la correcta atención a las víctimas favorece la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia y consiste en un aspecto fundamental alrededor del cual deben organizarse las instituciones. Luego, Manco explicó la experiencia del Ministerio Público del Perú, señalando que en el 2004 se estableció un nuevo sistema de asistencia a víctimas y testigos que se ha ido implementando progresivamente en los 24 distritos fiscales, restando Lima y la provincia de El Callao. Al respecto, apuntó que la Unidad de Atención Integral a Víctimas y Testigos es un equipo multidisciplinario, integrado por abogados, trabajadores sociales y sociólogos. Por su parte, Fonseca abordó los objetivos generales que debiera tener un programa de protección de testigos y las experiencias de Colombia y Guatemala. Sobre esta última, puntualizó que la Oficina de Protección es la responsable del diseño, organización y evaluación del servicio de protección de los sujetos procesales y personas vinculadas a la administración de justicia penal. Por ultimo, Domínguez expuso que la Red de Derivación de Víctimas agrupa a más de 60 organizaciones y es una experiencia altamente positiva desde el punto de vista de la coordinación interinstitucional y del impacto favorable sobre las víctimas.
El tercer panel, sobre “La Coordinación Interinstitucional en la Investigación Criminal”, estuvo integrado por Luis Chichizola (Ex Fiscal General del Departamento Judicial de San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina), Adela del Pilar Parra (Subdirectora de Justicia y Gobierno, Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno de Colombia), Juan Pablo Ríos (Asesor del Ministerio de Gobernación de Guatemala) y Jorge Nery Cabrera Cabrera (Director General del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala).
Inicialmente, Chichizola hizo uso de la palabra, señalando que el Ministerio Público debe ser independiente, autónomo y autárquico y que incluso a nivel de varias constituciones en América Latina es llamado a dirigir la investigación. Luego, Parra expuso la experiencia del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, en base a los cuatro ejes estratégicos que iene: Desarrollo institucional y Organizacional; Gestión de Recursos; Atención a Víctimas y Testigos; Condiciones Operativas Específicas para la investigación, Juzgamiento y la Sanción. En tercer lugar disertó Ríos, quien explicó la experiencia de coordinación entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público de Guatemala. Sobre ello, contó que Fiscalía y Policía han colaborado en la generación de la coordinación, lo cual ha permitido trabajar estratégicamente y de modo inteligente los fenómenos delictuales más complejos. Por último, Nery Cabrera relató el trabajo en conjunto que el Instituto Nacional para las Ciencias Forenses de Guatemala, INACIF, realiza con el Ministerio Público, resaltando que el mandato legal no es suficiente para asegurar la coordinación entre las distintas instituciones del sistema de justicia, sino que es necesario generar convenios para hacerlo operativo; pero sobre todo, hacer la coordinación una realidad, aun cuando formalmente no se encuentre consagrada.
El último panel del Seminario, sobre los “Desafíos de la Persecución Penal Moderna: el Análisis del Fenómeno Criminal en Delitos Complejos” estuvo compuesto por Alberto Binder (Vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales de Argentina, INECIP), Walter Espinoza (Fiscal Adjunto de la Fiscalía Adjunta de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de Costa Rica y Secretario Técnico de la Red de Fiscales Contra el Crimen Organizado), Diego García Yomha (Director de la Dirección de Análisis Criminal y Persecución Estratégica de la Procuración General de la Nación Argentina) y Cristián Gamboa (Jefe de la Unidad de Análisis de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala).
Binder, en primer lugar, hizo referencia a los desafíos para generar instrumentos que permitan avanzar en la modernización del sistema reformado: la construcción de nuevos sistemas de información acerca de la criminalidad; el desarrollo de planes de política criminal específicos; la elaboración de planes de persecución penal; y el rendimiento político-criminal del caso. Posteriormente, Espinoza expuso que en Costa Rica han organizado el trabajo de la Fiscalía para enfrentar los delitos complejos, coordinados con las policías y suscribiendo conjuntamente la política criminal que se ha determinado. García Yomha contó que en Argentina, la Procuración General de la Nación ha adoptado un cambio en su organización a partir de la creación de procuradurías específicas y que recientemente se ha creado la Dirección de Análisis Criminal y Persecución Estratégica, la cual enfrenta gran dificultad para levantar datos, por su gran dispersión entre las policías y las fiscalías a nivel local. Para cerrar este panel, hizo su exposición Gamboa, quien abordó, entre otros temas, el modo en que se debe analizar el fenómeno criminal en los delitos complejos, identificando cuatro ejes: establecer variables generales y específicas; comparar los casos, analizar la estructura criminal y el perfil general.
El panel de clausura estuvo a cargo de Catalina Soberanis (Asesora de la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas) y Jaime Arellano Quintana (Director Ejecutivo de CEJA). Soberanis retomó la idea expuesta por Julliand en la apertura, resaltando los logros que Guatemala ha alcanzado en materia de lucha contra la impunidad. Mientras que Arellano, por su parte, resaltó la relevancia de incentivar espacios de debate sobre el rol de los Ministerios Públicos, considerando que el trabajo realizado en Guatemala debe ser tomado como una referencia para el resto de los países de America Latina.