Seminario Estándares de investigación judicial de graves violaciones a los derechos humanos en contextos de protesta social en América Latina

La investigación de graves violaciones de derechos humanos es una obligación crucial de los Estados, vinculada a los deberes de prevención y garantía de derechos sustantivos, como el derecho a la vida o a la integridad personal, así como a la tutela judicial efectiva. La jurisprudencia de la Corte IDH ha precisado que esta investigación debe ser de carácter judicial, no pudiendo sustituirse el proceso penal por mecanismos de otra índole, como los procesos administrativos o las comisiones de verdad. Se trata de una obligación de medios y no de resultados, por lo que para garantizar su cumplimiento deben utilizarse todos los medios legales disponibles, siguiendo las normas internacionales. En las últimas décadas, en los ámbitos universal y regional de derechos humanos se han desarrollado los estándares y criterios que deben guiar a estas investigaciones.

Las investigaciones judiciales de graves violaciones de derechos humanos deben orientarse al esclarecimiento de los hechos -como un elemento crucial del derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad-, así como a la identificación y sanción de todas las personas responsables. Entre los principios angulares de las investigaciones de graves violaciones de derechos humanos se encuentran la oficiosidad, la exhaustividad, la oportunidad, la independencia y la efectividad. No obstante, el adecuado tratamiento de delitos que constituyen graves violaciones de derechos humanos supone mayores estándares de investigación, un deber que impacta de manera especial sobre las instituciones a cargo de la investigación y sus organismos auxiliares.

Los estándares de investigación de graves violaciones de derechos humanos también resultan pertinentes para aquellos casos ocurridos en contextos de protesta social. En su informe Protesta y Derechos Humanos: Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que las investigaciones judiciales de violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal cometidas en contextos de protestas deben realizarse “con el más estricto apego a la debida diligencia y cumplirse dentro de un plazo razonable, en razón a la gravedad de los delitos y a la naturaleza de los derechos lesionados, concatenada con la libertad de expresión, de asociación y de reunión”. La importancia de realizar una investigación efectiva trasciende a los hechos concretos y adquiere alcances de carácter colectivo sobre una multiplicidad de derechos. En ese sentido, la impunidad de graves violaciones de derechos humanos ocurridas en contextos de protestas puede generar mensajes de silenciamiento, intimidación e inhibición “para quienes en el futuro desean ejercer el derecho a la protesta social”.

El conocimiento y la promoción de los estándares internacionales de investigación de las violaciones de derechos humanos ocurridas en contextos de protesta resulta crucial en el actual escenario regional. En los últimos años se han registrado masivas protestas sociales en varios países, a menudo recibiendo respuestas estatales represivas. El uso excesivo de la fuerza policial y militar ha tenido como consecuencia graves violaciones de derechos humanos. La complejidad de estas violaciones supone un reto para su adecuada investigación, tensionando a los sistemas de justicia y elevando las exigencias sobre los entes investigadores.

En este contexto fue que, durante el año 2020, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), en colaboración con la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, llevaron a cabo una investigación empírica que se planteó como objetivo evaluar el desempeño del sistema de justicia chileno en la garantía de los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos a interponer un recurso efectivo y a obtener una reparación integral, en el contexto de la crisis social y de derechos humanos iniciada en octubre de 2019. El estudio documentó brechas relevantes en la garantía de ambos derechos, realizando un énfasis especial en una investigación adecuada y efectiva. Diversos factores normativos, institucionales, operativos y funcionales pueden ser la causa de dichas brechas. En este sentido, resulta relevante recordar los estándares internacionales de las investigaciones de graves violaciones de derechos humanos, a fin de incorporarlos en el abordaje y persecución penal. Aunque el estudio se focalizó en el caso chileno, las lecciones pueden ser transversales a otros países de la región.