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Más de 110 personas, entre representantes de instituciones de estado, Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, Gendarmería de Chile, personas operadoras de instituciones de justicia, representantes de organismos intergubernamentales, sociedad civil, estudiantes y académicos/as, estuvieron presentes en el espacio de intercambio de experiencias y desafíos en materia de acceso a la justicia para mujeres desde una perspectiva interseccional, organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) en Santiago de Chile el 14 de noviembre de 2022. Además, se contó con la participación de centenas de personas en formato virtual.
En el evento “Seminario Internacional: Igualdad de género en el acceso a la justicia desde un enfoque interseccional”, organizado en el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer que se celeba el día 25 de este mes, se abordó desde distintos ángulos los desafíos estructurales y algunos avances para alcanzar la igualdad de género en el acceso a la justicia en las Américas.
En sus palabras de apertura, la presidenta del Consejo Directivo de CEJA, Jenny Murphy, señaló que esta es una actividad que se enmarca en la puesta en marcha del Plan Estratégico 2022-2026 de CEJA, el cual tiene entre sus temas prioritarios el acceso a la justicia para personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
El Seminario se enmarca igualmente en la implementación del proyecto “Mejorando el Acceso a la Justicia en América Latina”, que CEJA ejecuta con el apoyo de Global Affairs Canada (GAC). En la apertura del evento, el Embajador de Canadá en Chile, Michael Gort, destacó los esfuerzos de la política externa feminista de Canadá para defender los derechos de las mujeres y niñas y promover la igualdad de género. Asimismo, señaló que un aspecto importante de este enfoque feminista es reconocer que las mujeres no son un grupo homogéneo y que las mujeres indígenas, negras, racializadas, LGBTIQ+, migrantes y refugiadas, y mujeres con discapacidades, entre otros grupos, se enfrentan desafíos aún más complejos, y que por ello las reformas a la justicia tienen que “garantizar que todas las personas, independiente de su género, país de origen, raza, estatus económico, identidad sexual, edad, etc., tengan el mismo acceso a la justicia”.
Por su parte, la Subsecretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género de Chile, Luz Vidal Huiriqueo, señaló en sus palabras de bienvenida que la perspectiva de género es y debe ser una política de Estado y que la violencia contra las mujeres es un problema estructural que debe ser abordado interseccional, intersectorial e integralmente.
Caroline Bettinger-Lopez, Asesora Principal en Género e Igualdad de la Oficina para Víctimas de Delitos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Jenna Hennebry, Decana asociada y profesora asociada en la Universidad Wilfrid Laurier de Ontario, Canadá, y Roxana Arroyo Vargas, Profesora Investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) de la Universidad de posgrado de Ecuador y Vicepresidenta de la Fundación Justicia y Género destacaron la interseccionalidad como una herramienta de análisis y una categoría legal para la igualdad y la no discriminación, que permite entender las maneras en que las distintas identidades pueden influir al acceso a los derechos y las oportunidades.
Roxana argumentó que es imposible avanzar rumbo a la igualdad de género en el acceso a la justicia si no se integra la epistemología feminista en la formación jurídica de jueces, juezas, fiscales y policías. “Toda la administración de justicia debe comprender, estudiar y aplicar la teoría en perspectiva de género, no es algo discrecional, es algo obligatorio”, afirmó, haciendo referencia a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el Panel que abordó el derecho a la igualdad y no discriminación en el acceso a la justicia se contó con la moderación de Terry Ince, Coordinadora y fundadora del Comité de la CEDAW de Trinidad y Tobago, quien destacó que a pesar de los avances normativos a nivel internacional y regional, sigue habiendo mucha discriminación contra determinados grupos en razón de su género, raza, origen nacional, religión, edad, entre otros; y que muchas mujeres sufren doble o triple discriminación cuando buscan justicia.
Las mujeres privadas de libertad son un grupo de especial preocupación. Ana Selene Pineda, Coordinadora del Área de Sistemas Penitenciarios y Alternativas a la Prisión Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, compartió datos que dan cuenta del aumento de la población de mujeres encarceladas, especialmente por delitos asociados al tráfico de drogas. Estas mujeres privadas de libertad son en su mayoría mujeres que se encuentran en situación de pobreza, jóvenes, y que no tienen posibilidades de insertarse en el mercado laboral.
Ana Selene subrayó que “el sistema penal no solamente reproduce los estereotipos de género sino que también los acentúa y agrava”.
En lo que se refiere a las mujeres afrodescendientes e indígenas, Michelle Mendes de ONU Mujeres compartió que se verifican profundas barreras para el acceso a la justicia, porque estas mujeres sufren formas de discriminación combinadas: por ser mujeres, por su origen étnico o racial y/o por la situación de pobreza en la que frecuentemente se encuentran.
Respecto a los desafíos que persisten en el ámbito de las desigualdades de género en el acceso a la justicia, Hilary Anderson, Especialista de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, afirmó que los obstáculos que persisten son principalmente: la impunidad, favorecida por estereotipos y la menor importancia dada a los crímenes contra mujeres, la falta de cobertura territorial, pocos servicios disponibles en relación a la demanda, la falta de especialización en la administración de justicia, y la revictimización. Destacó además la ausencia o deficiencia de los sistemas de recopilación de datos dentro de la justicia, la ineficiencia y sobrecarga de sistemas de justicia y la falta de voluntad política y de presupuestos adecuados.
El evento contó con un espacio para compartir experiencias en la región. En primer lugar, Sara Castillo, directora Ejecutiva de la CONAMAJ del Poder Judicial de Costa Rica, presentó el modelo de actuación para orientar, asistir y proteger a las mujeres migrantes, transfronterizas y refugiadas víctimas de violencia en el Cantón de Upala, Costa Rica. “De las instituciones no se ha tenido el compromiso con el modelo que se esperaba pero algo muy importante a resaltar es que quien está en este momento sosteniendo con más fuerza el modelo es la sociedad civil, la red de mujeres comunitarias y la casa de derechos”. En ese sentido, destacó la relevancia de construir alianzas y destinar recursos a las organizaciones de la sociedad civil.
En segundo lugar, el Defensor Público Nacional de Chile, Carlos Mora Jano, presentó el protocolo de atención a mujeres indígenas extranjeras privadas de libertad en Chile. Como ha afirmado la Corte Interamericana, la vulneración de derechos que se produce en las cárceles y la vulnerabilidad de las personas encarceladas no es la misma, por ello la situación de mujeres extranjeras e indígenas requiere políticas diferenciadas. “Como Defensoría hemos sido testigo de la vulneración de las mujeres privadas de libertad, sobre todo las indígenas”, dijo el defensor.
En tercer lugar, la Viceministra para la Promoción de la Justicia del Ministerio de Justicia de Colombia, Johana Delgado Gaitán, presentó el protocolo para el acceso de las mujeres rurales a la justicia y la tierra. Explicó que las instituciones de justicia siguen viendo que exigir o crear rutas especializadas para la mujer rural frente a las situaciones de conflicto no es necesario, sin embargo, las estadísticas demuestran que es necesario establecer una ruta diferente para que estas mujeres puedan hacer efectivos sus derechos.
“Desde CEJA tenemos la firme convicción de que un desarrollo democrático sano y vital como se requiere en América Latina y el Caribe exige que se genere más igualdad en el acceso a los derechos para todas las personas, y particularmente, como muestran las exposiciones que escuchamos en este Seminario, para aquellas personas que por discriminación histórica y estructural, y agravadas por la pandemia, se encuentran con graves brechas en términos de igualdad y acceso a la justicia”, afirmó la Directora Ejecutiva de CEJA durante su intervención. “A través de este evento, específicamente dirigido a dialogar en materia de enfoque interseccional en el acceso a la justicia, hemos querido ofrecer la posibilidad de una profunda reflexión en este ámbito, y sobre todo generar una sensibilización y una disposición para producir cambios concretos que beneficien a las personas en situación de vulnerabilidad.”, añadió.
El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) es un organismo intergubernamental, con autonomía técnica y operativa, establecida por resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en cumplimiento de los mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas (Santiago, abril de 1998) y las recomendaciones adoptadas en las Reuniones de Ministros de Justicia u otros Ministros, Fiscales y Procuradores Generales de las Américas (REMJA).
CEJA brinda asistencia técnica a los Gobiernos, Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y otras instituciones de justicia; elabora estudios técnicos y genera evidencia empírica; facilita procesos de intercambio de información y de buenas prácticas a nivel regional; e imparte capacitación especializada a los/as operadores/as y tomadores/as de decisión de las políticas públicas en materia de justicia en los países de las Américas.