Seminario Internacional Fortalecimiento del sistema penal acusatorio

Los sistemas de justicia procesal penal de las provincias argentinas han estado en permanente transformación en las últimas décadas, en particular, desde la recuperación democrática ocurrida en el año 1983. A partir de éste último fenómeno, que también se extendió en el resto de los países latinoamericanos durante la misma época, se consolidó la necesidad de enfrentar una serie de desafíos que tuvieron como finalidad hacer compatibles los objetivos de las instituciones públicas con los del nuevo Estado de Derecho que se estaba reinstalando en el país. En concreto, se hizo necesario que el sistema de justicia penal reorientara sus funciones hacia la resolución pacífica de los conflictos, con apoyatura en un conjunto de principios de orden democrático.

A partir de la sanción de los códigos acusatorios en Córdoba y Tucumán en el año 1991, se desencadenó un largo camino de reformas que continuó con las provincias de Buenos Aires (1997), Chaco, Mendoza (1999), Catamarca (2003), Chubut, La Pampa (2006), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe (2007), Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy (2009), Salta, Neuquén (2011) y Río Negro (2014). Como se puede advertir, los últimos años han estado marcados por una corriente de reforma muy dinámica a nivel provincial, que tuvo su punto máximo con la sanción de un nuevo código para la justicia penal federal en diciembre de 2014.

Ahora bien, la amplitud de los cambios varía sustancialmente en cada provincia. A nivel general podríamos afirmar que en todas ellas se avanzó sobre la base de lineamientos comunes, pero con diferentes niveles de profundidad, por ejemplo: en algunas provincias, entre otras Chubut, La Pampa, Santiago del Estero o Entre Ríos, la separación de funciones jurisdiccionales de las investigativas incluyó la diferenciación de las tareas administrativas a partir de la creación de oficinas judiciales; en otras, la judicatura se reestructuró en colegios o pooles de jueces, como en Chubut o Santa Fe; mientras que en relación al nuevo rol de las fiscalías, en ciertos casos se pudieron consolidar nuevos modelos de gestión y organización por flujo de casos y con nuevos sistemas informáticos, como en Salta, Ciudad de Buenos Aires o Chubut.
La provincia de Mendoza, al igual que el resto del país, se encuentra transitando un proceso de consolidación del sistema acusatorio. Es así que se vuelve necesario generar un espacio de socialización de los avances y desafíos que supone este proceso.