En el marco del proyecto “Diálogo sobre la protección jurisdiccional de los derechos a la salud, educación, trabajo, seguridad social y medio ambiente sano en países de América Latina y el Caribe”, coordinado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y el proyecto DIRAJus de la cooperación alemana/GIZ, se realizó una publicación integrada por 19 trabajos sobre experiencias respecto del rol del poder judicial en la materialización de estos derechos en sus siete países de la región. La publicación es producto de una Convocatoria sobre el tema que generó un total de 70 propuestas recibidas por investigadoras e investigadores de toda América Latina y El Caribe.

El día lunes 25 de noviembre se desarrolló el taller de trabajo “Sociedades que demandan ¿justicia que responde? Exigibilidad y justiciabilidad de los DESCA en América Latina” donde se socializaron los resultados basados en experiencias y estudios de casos en Argentina, Chile, Brasil, Colombia y Uruguay, asimismo, se discutieron los nudos críticos de los sistemas de justicia para hacer los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales(DESCA) justiciables.

En la actividad participó Helen Ahrens, Directora del Programa DIRAJUS, Jaime Arellano, Director Ejecutivo de CEJA, Marco Fandiño, Director de Estudios y Proyectos de CEJA, Gonzalo Fibla, Alejandra Bocardo y Ananías Reyes, del equipo de trabajo de CEJA y por parte de GIZ los consultores Manuel Jacques, Alexander Schubert y Walter Albán. 

La Relatora DESCA de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Soledad García Muñoz expuso sobre la demanda de los DESCA en el contexto de los procesos políticos actuales de América Latina, y comentaron Nancy Yáñez de la Universidad de Chile y Lidia Casas de la Universidad Diego Portales.

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio para la actual coyuntura chilena, en la que se discute la posibilidad de una nueva constitución mediante un plebiscito acordado para abril de 2020, es el déficit en el reconocimiento constitucional de los DESCA, cuyo ejemplo más limitativo en América Latina lo representa la Constitución Política de la República de Chile de 1980, pues no existe un instrumento de protección que se haga cargo de modo explícito de la garantía de estos derechos.

Lo anterior supone una “propietarización” de los derechos, o bien, la protección de estos mediante la idea de la vida como derecho germen, en otras palabras, proteger los demás derechos a través del derecho a la vida. Por tanto, la regulación del contenido de los DESCA en la Constitución chilena actual es muy deficitaria porque en general se reduce a la libertad en el acceso a los derechos, pero no al resguardo de las garantías de los derechos sociales.

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