El Poder Judicial y las demás instituciones del sector son sistemas complejos: tienen una misión muy amplia, administran grandes cantidades de recursos, y tienen que lidiar con problemas complicados. Por lo tanto, requieren de una cierta conducción, planificación y una dirección estratégica. Por eso la importancia del gobierno judicial, ya que justamente éste apela a las decisiones y funciones que demanda una institución de esta naturaleza, más aún en el contexto de los procesos de reforma a la justicia.

Tener un buen gobierno judicial es la forma de garantizar un buen sistema de justicia y que los esfuerzos políticos y los recursos que se inviertan en el Poder Judicial vayan dirigidos efectivamente a tener una mejor justicia y, en consecuencia, que los ciudadanos puedan resolver sus conflictos de la mejor manera posible, más rápida y con respuestas de mayor calidad.

Algunos de los ámbitos de estudio que abarca esta área de trabajo son aquellos relativos a la representación política de los jueces, planificación estratégica y control del desarrollo institucional, iniciativas de reforma judicial (reformas legales u organizacionales), asignación de los recursos: definición presupuestaria en base a orientación estratégica, designaciones, evaluación y control disciplinario (en el contexto de una necesaria independencia interna).

  • Identificar y documentar buenas prácticas en materia de gobierno judicial y corporativo, evaluando cuáles de ellas son factibles de implementar como apoyo al gobierno judicial.
  • Analizar en forma comparada las funciones, procesos, mecanismos de ejecución y de control de las decisiones del gobierno del Poder Judicial, determinando al menos en qué consisten, quién los ejerce, entre otros.
  • Identificar oportunidades de mejora al sistema de gobierno del Poder Judicial, proponiendo acciones factibles de implementar en el corto plazo sin reformas legales y de mediano plazo con reformas legales.