Columna del Director Ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, Jaime Arellano, publicada en el diario La Segunda (Chile) el miércoles 18 de noviembre de 2020.

Decretada la emergencia sanitaria, los poderes judiciales del continente mantuvieron servicios esenciales. Se privilegiaron causas penales relacionadas con la libertad de las personas y otras garantías y la violencia de género; asuntos de familia en relación con niños, niñas y adolescentes; además de causas laborales. Lamentablemente, se excluyó a los medios colaborativos, como las mediaciones prejudiciales.

En el Centro de Estudio de Justicia de las Américas, constatamos que los sistemas que tenían plataformas de tramitación electrónica de causas y TICs más robustas —como Chile—, enfrentaron en mejor pie el ingreso de asuntos y su tramitación inicial, y pudieron realizar audiencias remotas. Pero el acceso a la justicia requiere de asistencia jurídica que proporcione información y orientación, asesore en acuerdos y represente en juicio; así como el desarrollo de procesos colaborativos como mediación y conciliación.

Con la apertura de los servicios judiciales es urgente rediseñar respuestas ante la acumulación de conflictos pendientes de interposición o formalización, y el rezago de causas en mediación y procesos judiciales. No bastan los servicios judiciales. Debe haber asistencia jurídica y soluciones colaborativas presenciales o virtuales. con plataformas electrónicas especializadas para dar cumplimiento a la garantía de acceso a la justicia.

Los servicios judiciales deben romper con la dicotomía presencial/virtual, e impulsar audiencias y juicios híbridos o semipresenciales. Por ejemplo, en materia penal, en los discursos de apertura y alegatos de clausura, o en el debate sobre la pena y otras cuestiones estrictamente jurídicas, no es imperiosa la presencia física de litigantes. Tampoco lo es en materia civil en audiencias iniciales o preliminares, ni en alguna con producción de prueba documental; ni, en general, en juicios sencillos con número mínimo de testigos y debates poco complejos.

Pero la ventaja inicial de sistemas judiciales dotados de TICs y tramitación electrónica retrocede por la falta de plataformas especializadas e integradas, y cae en la brecha digital que aún afecta a las personas. Por ello se requiere invertir en la regulación de reservas de uso público y flat-fees para las nuevas tecnologías como la 5G; iluminar con wifi gratuito espacios públicos; instalar en municipios y barrios centros de asistencia jurídica y justicia virtual en que las personas se informen o participen de mediaciones y juicios virtuales; además de diseñar procedimientos para la nueva justicia híbrida y el ROC Resolución Online de Conflictos.

La pandemia agudizó las diferencias sociales y en no pocos casos aumentó las barreras de acceso a la justicia. Sin embargo, Chile pueden revertir esta situación mediante una fuerte política de Inversión Digital Estratégica para el Acceso a la Justicia (IDEA-J).