El 27 de octubre se realizó la última ronda del VII concurso de Semilleros de Derecho Procesal cuyo tema fue “Justicia Indígena” organizado por la Red de Investigadores de Derecho Procesal con la colaboración del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA)
En esta oportunidad tres ponencias fueron seleccionadas como finalistas: “Pluralismo
Jurídico y ASMAPU en Chile ¿Una relación viable?” presentada por Benjamín Helbig de la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo; “Dispute Boards como mecanismo de solución de conflictos de aguas entre indígenas y no indígenas” presentada por Ingrid Ferrada de la Universidad de Concepción, campus Chillán; y “Respuesta al Paradigma Latinoamericano: Propuesta de modernización del procedimiento civil ordinario de mayor cuantía para la integración de la Justicia Indígena” presentada por Rodrigo Robles de la Universidad Diego Portales.
La ponencia que se adjudicó el primer lugar fue elaborada por el equipo de la Universidad Diego Portales presentada por Rodrigo a quienes felicitamos a por la excelente presentación, destacada en calidad técnica y desplante.
En esta instancia, el director de estudios de CEJA, Gherman Welsch Chahuán, dio unas palabras reconociendo este concurso en que CEJA colabora desde sus orígenes y felicitando a las y los estudiantes por su interés en la Justicia Indígena, tema estrechamente vinculado con el Plan Estratégico 2022-2026 de CEJA.
El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) es un organismo intergubernamental, con autonomía técnica y operativa, establecida por resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en cumplimiento de los mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas (Santiago, abril de 1998) y las recomendaciones adoptadas en las Reuniones de Ministros de Justicia u otros Ministros, Fiscales y Procuradores Generales de las Américas (REMJA).
CEJA brinda asistencia técnica a los Gobiernos, Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y otras instituciones de justicia; elabora estudios técnicos y genera evidencia empírica; facilita procesos de intercambio de información y de buenas prácticas a nivel regional; e imparte capacitación especializada a los/as operadores/as y tomadores/as de decisión de las políticas públicas en materia de justicia en los países de las Américas.