El CEJA inicia curso internacional “Investigar la corrupción siguiendo el dinero” en Trinidad y Tobago

El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) inició el 16 de marzo la implementación en Trinidad y Tobago del curso internacional “Investigar la corrupción siguiendo el dinero”, una formación orientada a fortalecer las capacidades de investigación y persecución penal de delitos de corrupción en América Latina y el Caribe. 

El entrenamiento se desarrolló con el apoyo técnico y económico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania y busca fortalecer las herramientas de fiscales y jueces de Trinidad y Tobago para investigar de manera más efectiva la corrupción. Entre los contenidos del curso se incluyen la investigación de delitos económicos auditoría forense y extinción de dominio.  

A través de un formato híbrido, las y los participantes examinarán marcos legales relevantes, abordarán desafíos investigativos comunes y explorarán mejores prácticas regionales para el rastreo de flujos financieros. La capacitación fortalece su capacidad para detectar redes de corrupción y reforzar la evidencia en investigaciones criminales. 

La actividad está dirigida a profesionales de la Office of the Director of Public Prosecutions (DPP), organismo que forma parte del Departamento de Derecho Penal del Ministerio del Fiscal General de ese país.   

El lanzamiento del curso contó con la participación de Martin Langer, representante de la Embajada de Alemania, junto con la Sra. Anju Bhola, Directora Asistente del DPP y la Directora Ejecutiva del CEJA, Ana Aguilar.  

Cooperación para fortalecer los sistemas de justicia  

Esta iniciativa es parte de los esfuerzos de cooperación y capacitación impulsados por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, con apoyo financiero del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, para fortalecer los sistemas de justicia de la región en su lucha contra la corrupción y la consolidación del Estado de derecho.  

CEJA es un organismo internacional creado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el mandato de apoyar a los países del continente en el desarrollo y mejora de sus sistemas judiciales mediante investigación aplicada, asistencia técnica y programas de capacitación dirigidos a actores clave del sector justicia.

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