En el marco del convenio de cooperación y transferencia de recursos que suscribió la Defensoría Penal Pública de Chile (DPP) con la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) y con la Agencia de Cooperación Internacional Brasilera (ABC) para llevar a cabo el proyecto “Fortalecimiento para la defensa en sistemas de estadísticas, registros de datos y capacitaciones en litigación oral”, CEJA sostuvo una reunión con representantes de la Defensoría Pública de la Unión (DPU) de Brasil a fin de presentarles el Plan Estratégico CEJA 2022 -2026 y explorar iniciativas de trabajo conjunto, como asistencia técnica y capacitaciones.
La invitación para esta reunión partió de la Defensoría Penal Pública (DPP) de Chile. La DPP se encuentra apoyando a la Defensoría Pública de la Unión (DPU) de Brasil en dos ámbitos. Por un lado, apoya el desarrollo de los/as defensores/as de Brasil en el ámbito de la capacitación en defensa en distintas temáticas consideradas relevantes para ellos. Por otra parte, apoya en el ámbito de la gestión institucional de calidad, por medio de demostraciones del sistema de registro de información y de manejo de datos de la DPP y revisiones del sistema de la DPU en materia de gestión de calidad, ofreciendo soporte para la implementación de los cambios que la DPU quiera realizar en el ámbito de la modernización de la gestión de la defensa.
El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) es un organismo intergubernamental, con autonomía técnica y operativa, establecida por resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en cumplimiento de los mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas (Santiago, abril de 1998) y las recomendaciones adoptadas en las Reuniones de Ministros de Justicia u otros Ministros, Fiscales y Procuradores Generales de las Américas (REMJA).
CEJA brinda asistencia técnica a los Gobiernos, Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y otras instituciones de justicia; elabora estudios técnicos y genera evidencia empírica; facilita procesos de intercambio de información y de buenas prácticas a nivel regional; e imparte capacitación especializada a los/as operadores/as y tomadores/as de decisión de las políticas públicas en materia de justicia en los países de las Américas.