Revisa el Conversatorio
Un reto histórico de los sistemas judiciales de la región es el adecuado manejo de la congestión procesal. Desde sus inicios, CEJA ha puesto foco en la necesidad de generar datos homologables sobre la producción judicial, las tasas de resolución y las tasas de congestión procesal en las instituciones de justicia, como temas centrales en la agenda y discusiones en torno a la eficiencia de las instituciones de justicia[1].
El control de la congestión procesal es clave en las instituciones de justicia pues tiene un impacto en el acceso a la justicia de las personas usuarias y también en las propias estructuras internas.
En primer lugar, la congestión procesal limita el acceso a la justicia de las personas usuarias desde una perspectiva de justicia centrada en las personas, particularmente de la población en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, en materia penal, el mal manejo de la congestión procesal y consecuente dilación de los procesos incide en el uso abusivo de la prisión preventiva, así como en la impunidad de los procesos simples y complejos. En materia de familia, la resolución no oportuna de los casos impacta en la tutela oportuna de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
En materia laboral, el retraso en la resolución de los casos impacta en el amparo legal de los derechos derivados de las responsabilidades legales por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Los conflictos civiles no atendidos oportunamente por los sistemas de justicia generan altos costos en tiempo y dinero para las partes.
En segundo lugar, la congestión procesal incrementa los riesgos de corrupción en las instituciones de justicia. Los retrasos e ineficiencia en los sistemas judiciales crean entornos propicios para prácticas corruptas, como sobornos o retrasos deliberados, y promueven contextos que invisibilizan y encubre dichas prácticas.
Los costos que genera la congestión procesal judicial constituyen un cuarto ámbito de impacto de análisis, tanto a nivel de los costos internos como de los costos externos a las instituciones de justicia. A nivel interno, la dilación procesal lleva a cuestionar la capacidad de producción de las instituciones de justicia y la eficiencia en su organización y gestión de recursos. A nivel externo, la congestión procesal incrementa los costos de defensa, lo cual -como ya se ha mencionado- afecta especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad.
Una sexta arista de análisis del impacto de la congestión procesal se relaciona con las tecnologías (TICs) y el uso de la inteligencia artificial. Hoy en día, a los mecanismos tradicionales para enfrentar la congestión procesal -como los planes de descongestión y los modelos corporativos de los despachos judiciales-, se suman amplias posibilidades que ofrecen las TICs y la inteligencia artificial. Desde la perspectiva de CEJA, el uso de estas herramientas debiese tener como principal propósito el reducir las brechas de acceso a la justicia para las personas usuarias, previniendo la afectación de derechos fundamentales relativos a la privacidad, protección de datos personales, libertad de expresión, acceso a la información, protección contra la discriminación, y el derecho al acceso a una justicia imparcial y debido proceso legal.
Para finalizar, la ausencia de estadísticas sobre la congestión procesal y las medidas adoptadas frente a esta en las instituciones de justicia impacta en la legitimidad y confianza ciudadana en los sistemas de justicia, reflejándose ello en la confianza en el estado de derecho y la democracia.
Objetivos:
Conocer la situación de la congestión procesal en países de América Latina y las buenas prácticas para gestionarla adecuadamente.
Las exposiciones se orientarán por las siguientes preguntas:
- ¿Cuál es estado e impacto de la congestión judicial en su país?
- ¿Qué buenas prácticas se vienen implementando en los Poderes Judiciales para contrarrestar la congestión procesal?
- ¿Qué oportunidades ofrecen las TICs e inteligencia artificial para mejorar la atención de la congestión procesal en las instituciones de justicia?
Público objetivo
Jueces y juezas, fiscales, defensores/as y litigantes, personas de apoyo administrativo de las instituciones de justicia, organizaciones de la sociedad civil y sector académico, estudiantes y comunidad jurídica en general de América Latina.