El programa combinó una fase virtual preparatoria y una fase presencial intensiva. La estructura académica incluyó cuatro módulos principales: Gobierno y Gestión Judicial, Independencia e Integridad Judicial, Congestión Judicial, y Transparencia y Auditoría Judicial, los cuales integraron enfoques comparados, herramientas prácticas y análisis aplicados al contexto ecuatoriano. 

El programa estuvo dirigido a profesionales de diversas instituciones del sistema de justicia ecuatoriano, incluyendo el Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General del Estado y la Defensa Pública.

La capacitación estuvo a cargo de un equipo docente de alto nivel. Ingrid Bermúdez Vindas y Rafael León Hernández, de Costa Rica, impartieron los módulos de Integridad, Ética y Transparencia Judicial. Cristian Hernández, de Chile, abordó la temática de congestión judicial desde una perspectiva comparada. La Directora Ejecutiva de CEJA, Nataly Ponce, desarrolló el módulo de Gobierno y Gestión Judicial; y Camille Vásquez, investigadora de CEJA, capacitó en independencia judicial y congestión, presentando las más recientes publicaciones del Centro en estas materias. 

En la sesión inaugural, el Consejero de CEJA y Presidente de la Corte Suprema de Ecuador, José Suing, resaltó la importancia de robustecer las capacidades estratégicas y operativas de la Corte Nacional de Justicia. A su vez, el Magistrado Paolo di Sciuva, en representación de ITAJUS, destacó el papel de la cooperación internacional para impulsar mejoras estructurales y sostenibles en la justicia ecuatoriana. 

En la ceremonia de clausura participaron el Embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli, el Magistrado Paolo di Sciuva (ITAJUS), Nataly Ponce, Directora Ejecutiva de CEJA, así como autoridades y representantes de la Contraloría General del Estado, quienes subrayaron el valor de esta iniciativa para fortalecer la gobernanza y la rendición de cuentas en las más altas instancias judiciales. 

Con esta iniciativa, CEJA reafirma su compromiso con el fortalecimiento de una mejor gobernanza, transparencia, eficiencia e integridad en los sistemas de justicia de las Américas.