Esta fue una de las preguntas centrales del encuentro “Seguridad Pública y Justicia: Capacidades institucionales frente a la criminalidad”, un espacio de análisis sobre los desafíos que enfrenta América Latina y el Caribe para modernizar sus sistemas de justicia ante el crecimiento de formas complejas de criminalidad. 

El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), a través de la participación de Rodrigo Nakada, coordinador de estudios y capacitaciones, aportó una perspectiva centrada en la necesidad de evaluar las reformas legislativas, medir sus resultados y fortalecer las capacidades institucionales para responder de manera efectiva a los desafíos de seguridad pública. 

Las reformas legislativas necesitan evidencia y evaluación

Durante su intervención, Rodrigo Nakada presentó un estudio longitudinal sobre la manera en que las reformas legislativas abordan la criminalidad organizada. Su análisis puso el foco en una tendencia identificada en distintos sistemas jurídicos: la acumulación de modificaciones legales de carácter incremental y punitivo, muchas de ellas orientadas a establecer excepciones al procedimiento penal ordinario, sin una evaluación suficiente de sus resultados. 

Esta dinámica, descrita como hipertrofia legislativa, plantea interrogantes sobre la capacidad de las reformas para alcanzar los objetivos propuestos y sobre sus posibles efectos colaterales. 

Frente a este panorama, Nakada destacó que la proporcionalidad de las medidas legislativas debe sustentarse en evidencia. La valoración de una reforma no puede limitarse a su justificación normativa, sino que requiere mecanismos que permitan establecer si la intervención es necesaria, eficaz y adecuada frente al problema que busca resolver. 

Evaluar antes y después de legislar

Uno de los principales aportes de la intervención del CEJA fue la importancia de incorporar evaluaciones en dos momentos del proceso legislativo: 

Evaluación ex ante: permite identificar con precisión el problema que se busca resolver, establecer objetivos y anticipar los posibles efectos de una reforma antes de su aprobación. 

Evaluación ex post: permite medir los resultados de las medidas adoptadas, determinar su eficacia y eficiencia, e identificar consecuencias no previstas. 

Este enfoque contribuye a que las decisiones legislativas se apoyen en información verificable y a que los resultados de las reformas sirvan para orientar futuras decisiones públicas. 

Así, la evaluación debe formar parte de las capacidades permanentes de las instituciones y no limitarse a ejercicios ocasionales o coyunturales. 

Fortalecer las instituciones más allá de la creación de nuevas leyes

Otro de los puntos centrales de la presentación fue la necesidad de comprender la capacidad institucional como un proceso de aprendizaje continuo. 

Nakada señaló la importancia de avanzar hacia modelos institucionales en los que la evaluación sea parte permanente de la gestión pública. Como referencia, abordó la experiencia de modelos que incorporan el aprendizaje institucional como un componente de su funcionamiento. 

Esta perspectiva plantea un desafío para los países de América Latina y el Caribe: fortalecer no solo sus marcos normativos, sino también los mecanismos que permiten conocer qué funciona, qué debe ajustarse y cuáles son las consecuencias de las decisiones adoptadas. 

El encuentro también abordó la necesidad de diseñar respuestas frente a la criminalidad que reconozcan las condiciones particulares de las poblaciones involucradas y eviten impactos desproporcionados sobre los grupos más vulnerables. 

A través de su trabajo de investigación, el CEJA contribuye al análisis de los desafíos de la justicia en la región y al intercambio de conocimientos sobre las reformas, las capacidades institucionales y las políticas públicas necesarias para avanzar hacia sistemas de justicia más efectivos y respetuosos de los derechos humanos. 

Conoce más sobre el Segundo Encuentro de la Red Parlamentaria de Seguridad de ParlAmericas – Seguridad pública en las Américas y el Caribe: respuestas parlamentarias frente al crimen organizado y la violencia, realizado del 21 al 23 de octubre de 2026, en Valparaíso, Chile.