La Organización de los Estados Americanos (OEA) concluyó el 7 de octubre de 2022 su 52ª Asamblea General, celebrada en Lima, Perú, en la cual los Estados Miembros eligieron a Nicolás Soler, de Argentina, y Cecilia Barrios, de Guatemala, como nuevos integrantes del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).

El Consejo Directivo es el máximo órgano de CEJA y está integrado por 7 profesionales de amplia trayectoria en la construcción de políticas públicas y la modernización de la justicia en el continente. Nicolas Soler y Cecilia Barrios asumirán el 1 de enero de 2023, por un periodo de 3 años.

El lema de la 52ª Asamblea General de la OEA fue “Juntos contra la desigualdad y la discriminación”. La presidenta del Consejo Directivo, Jenny Murphy, y la directora ejecutiva de CEJA, Nataly Ponce, participaron en la jornada.

“La 52ª Asamblea General de la OEA ha representado un importante espacio de encuentro de los Estados, la sociedad civil y organismos internacionales para abordar la igualdad y el trato equitativo para todas las personas, especialmente, la igualdad de género y el acceso a la justicia para la población en movilidad. Asimismo, han sido designados dos nuevos miembros del Consejo Directivo de nuestra institución, de Argentina y Guatemala; tenemos la seguridad que ambos aportarán al trabajo que CEJA realiza para fortalecer la democracia, el Estado de Derecho y el acceso a la justicia en las Américas”, señaló la directora ejecutiva de CEJA, Nataly Ponce.

El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) es un organismo intergubernamental, con autonomía técnica y operativa, establecida por resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en cumplimiento de los mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas (Santiago, abril de 1998) y las recomendaciones adoptadas en las Reuniones de Ministros de Justicia u otros Ministros, Fiscales y Procuradores Generales de las Américas (REMJA).

CEJA brinda asistencia técnica a los Gobiernos, Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y otras instituciones de justicia; elabora estudios técnicos y genera evidencia empírica; facilita procesos de intercambio de información y de buenas prácticas a nivel regional; e imparte capacitación especializada a los/as operadores/as y tomadores/as de decisión de las políticas públicas en materia de justicia en los países de las Américas.