En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas CEJA llama a garantizar el acceso de los pueblos indígenas a la justicia

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado el 9 de Agosto, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) llama a garantizar el efectivo acceso a la justicia de los pueblos indígenas.

CEJA destaca el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas como uno de los grandes desafíos de los Estados de las Américas. El desarrollo de un significativo marco normativo internacional en la materia, la ratificación del Convenio 169 de la OIT y una serie de reformas constitucionales y legales en la región, han permitido avanzar en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en diversos ámbitos.

Las instituciones de justicia requieren ser más sensibles a la diversidad indígena, y contar con procesos, prácticas e indicadores que garanticen que el acceso a la justicia de pueblos indígenas sea efectivo.

Adicionalmente, CEJA resalta que es necesario que los sistemas de justicia incorporen una mirada de interseccionalidad que visualice y reduzca los procesos estructurales de discriminación y de exclusión de los pueblos indígenas que afectan de manera diferenciada y desigual a las mujeres. Esta temática se abordó en el reciente seminario sobre pueblos indígenas y acceso a la justicia organizado por CEJA.

El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) es un organismo intergubernamental, con autonomía técnica y operativa, establecida por resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en cumplimiento de los mandatos contenidos en el Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas (Santiago, abril de 1998) y las recomendaciones adoptadas en las Reuniones de Ministros de Justicia u otros Ministros, Fiscales y Procuradores Generales de las Américas (REMJA).

CEJA brinda asistencia técnica a los Gobiernos, Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y otras instituciones de justicia; elabora estudios técnicos y genera evidencia empírica; facilita procesos de intercambio de información y de buenas prácticas a nivel regional; e imparte capacitación especializada a los/as operadores/as y tomadores/as de decisión de las políticas públicas en materia de justicia en los países de las Américas.

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