Liderado por ACIJ Argentina y con la participación de instituciones como CEJA; De Justicia, FIMA, LABÁ, Red de Empoderamiento Jurídico, Fundación Debido Proceso Legal Y Justice for All, fue presentado esta semana el Reporte sobre la situación de acceso a la justicia en el contexto de pandemia, desde la perspectiva de las organizaciones y personas que interactúan con los servicios judiciales en Latinoamérica.
El informe permite conocer cuáles fueron las principales medidas que adoptaron los poderes judiciales en el contexto de la pandemia; en qué medida los poderes judiciales del continente pudieron adecuar y/o ampliar la capacidad instalada para responder a demandas adicionales generadas por la pandemia; o bien, qué sucedió con los otros poderes del Estado en este contexto.
También se aborda en qué medida el contexto de la pandemia visibilizó la necesidad de iniciar o profundizar procesos de gobernanza y justicia digital; o cómo fue provista la asistencia legal gratuita en sedes judiciales y administrativas.
El informe —señalaron los autores— tuvo como objetivo contar con un diagnóstico regional sobre la situación del acceso a la justicia en el contexto de la pandemia que permita incidir en la elaboración de políticas públicas basadas en evidencia en torno a este derecho
Participaron en su construcción 42 organizaciones, de 17 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Análisis
De la sistematización y análisis de la información recolectada —vinculada a la situación existente entre los meses de marzo a octubre— se identificaron patrones de vulneración de derechos que se repiten en los distintos países de la región. Por ejemplo:
—Casi la totalidad de los países de la región suspendieron o limitaron las funciones del Poder Judicial, y por esto, las personas no cuentan con vías adecuadas para canalizar sus conflictos y se acentúa la no accesibilidad, asequibilidad y disponibilidad de los servicios de justicia.
—En 12 de los 17 países analizados se adoptaron medidas de excepción constitucional y se dio un proceso de acumulación de funciones en los poderes ejecutivos y en ocho de 17 países se suspendieron las funciones de los poderes legislativos.
—En la mayoría de los países se suspendieron las actividades jurisdiccionales dejando un “servicio mínimo”, sin que se reportara un aumento de la capacidad instalada de los Poderes judiciales para dar respuesta a la demanda adicional provocada por el COVID-19.
—Los poderes judiciales respondieron de manera limitada a la necesidad de generar cambios e innovaciones organizacionales y fueron percibidos por las y los encuestados como poco efectivos para resolver conflictos generados a partir de la pandemia.
—Los procesos de incorporación de TICs se han acelerado y profundizado a partir de la pandemia en los poderes judiciales de toda la región, aunque sólo siete países adoptaron un enfoque diferencial buscando reducir la brecha digital.
—A partir de la pandemia, se profundizaron las barreras que afectan a los grupos vulnerabilizados en su vinculación con los servicios de justicia y la asistencia legal gratuita se vio afectada por la suspensión de los servicios de justicia y por los cambios en la modalidad de prestación.
Descarga el resumen ejecutivo aquí:
https://acij.org.ar/wp-content/uploads/2020/11/Resumen-Ejecutivo.pdf
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