Para el próximo 4 de diciembre está fijada la audiencia pública que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDHI) concedió para analizar el rol de las fiscalías en la protección de los derechos humanos en América Latina.

La solicitud de audiencia, apoyada por CEJA e impulsada fuertemente por instituciones y ONGs regionales vinculadas al ámbito judicial* de 12 países del continente —tales como la DPLF, ACIJ e INECIP (Argentina) y DeJusticia (Colombia)—, busca discutir sobre el rol de las fiscalías en la persecución imparcial de los delitos para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, así como el respeto de las garantías judiciales en el marco del proceso penal.

Marco Fandiño, Director del área de Estudios y Proyectos de CEJA, valoró la solicitud y explicó que, la imparcialidad de las instituciones de persecución, como los Ministerios Públicos, la protección de los derechos humanos y el mejoramiento de la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios judiciales, es apoyada con fuerza por la institución.

Objetivos

En una nota de prensa compartida por la Fundación para el Debido Proceso se explicó que actualmente los fiscales y las fiscalías son institucionales fundamentales para la persecución independiente e imparcial de los delitos, y que, durante los últimos años, estas instituciones han adquirido mayor protagonismo, al ser un elemento esencial de la respuesta estatal frente a graves casos de corrupción y violaciones masivas de derechos humanos.

Pese a su importancia —agrega el comunicado— los fiscales y fiscalías de la región siguen enfrentando importantes desafíos, que comprenden desde la necesidad de preservar su independencia frente a otros órganos o poderes del Estado — especialmente el Poder Ejecutivo— en procesos fundamentales como la elección del Fiscal General u otros altos fiscales, hasta la protección frente a amenazas, hostigamiento, interferencias, y criminalización de su labor, especialmente cuando investigan casos de alto interés público.

La nota recuerda que “solo en los últimos años, el sistema interamericano ha otorgado medidas cautelares a varios fiscales generales de la región, para la protección para su vida e integridad personal y la de sus familias”.

¿Dónde seguir la audiencia?

La audiencia se llevará a cabo de manera virtual, el viernes 4 de diciembre de 2020, a las 09:00 am hora de Washington (EE. UU.). Se trasmitirá en vivo a través de las redes sociales de la CIDH (Twitter: @CIDH) y puede seguirse a través del hashtag #CIDHAudiencias.

Registro en Zoom en el link:

https://cidh-org.zoom.us/webinar/register/WN_BYFyZIhcR0ek9ZNljfHobg

Más información en: http://www.dplf.org/es/event/audiencia-situacion-de-las-fiscalias-en-la-proteccion-de-los-derechos-humanos-en-la-region


*Organizaciones y personas peticionarias de la audiencia:

Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Argentina-Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Argentina- Fundación Construir, Bolivia- Fundación Tribuna Constitucional, Bolivia-Londres 38, espacio de memorias, Chile- Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DEJUSTICIA), Colombia- Observatorio Derechos y Justicia (ODJ), Ecuador-Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Capítulo salvadoreño de Transparencia Internacional, El Salvador-Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, El Salvador-Red Salvadoreña de Defensoras de DDHH, El Salvador-Servicio Social Pasionista (SSPAS), El Salvador-Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), El Salvador-Azul Originario, El Salvador-Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, El Salvador- Impunity Watch Guatemala, Guatemala-Fundación Myrna Mack, Guatemala-Alianza por las Reformas, Guatemala-Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC), Honduras-Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), Honduras-Bufete Justicia para los Pueblos (BJP), Honduras-Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho-FJEDD, México-Justicia Transicional México, México-Instituto de Defensa Legal (IDL), Perú- Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Perú-Grupo de Trabajo contra la Corrupción[1], Perú- Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Los Andes, Mérida, Venezuela-Carmen Alguindigue, Venezuela-Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Estados Unidos.

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