¿Cuál es la realidad en seguridad y justicia en Latinoamérica y El Caribe? ¿Cuál es el costo del delito para las personas? ¿Pueden las fiscalías y policías ser más eficientes? Estas interrogantes son parte de los temas que aborda la nueva publicación del Centro de Estudios de Las América (CEJA) y la Universidad Alberto Hurtado bajo el título: “Persecución Penal Efectiva Y Estado De Derecho: Desafíos Y Líneas De Acción Para América Latina”.
En el texto, los autores dan cuenta de por qué se han deteriorado los niveles de paz y seguridad en el continente durante el último decenio y cómo han impactado en estos indicadores el surgimiento de mecanismos de criminalidad organizada transfronteriza, delitos informáticos, redes y cadenas de grupos criminales asociados; la aparición de nuevos delitos en el ámbito financiero; así como la repercusión de la migración y desplazamientos de personas originadas por problemas de persecución política, violencia estatal, amenazas, violencia y persecución de organizaciones criminales y narco-delincuentes.
En la publicación además se constata que la presión social y reformas judiciales en los países que contaron con los recursos para la construcción de nuevos recintos carcelarios y la ampliación o modificación de las existentes, para alojar a personas sirviendo penas o condenas, detenciones o prisiones preventivas, ha contribuido al aumento sostenido de la población penal (cantidad de encarcelados en general) y de encarcelados no condenados en la región.
Ante este panorama se proponen líneas de acción específicas en áreas e instituciones tan importantes de la cadena de seguridad y justicia, como son los Ministerios Públicos, las policías y el impulso a mecanismos de solución de conflictos que promuevan salidas tempranas y alternativas que, por una parte, visibilicen a las víctimas, y que simultáneamente, interrumpan carreras criminales, y ayuden a fortalecer la reinserción temprana de los condenados.
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