En los últimos años, las encuestas de necesidades jurídicas han cobrado auge como el instrumento especializado para estudiar la conflictividad jurídica y las barreras de acceso a la justicia, con la expectativa de contar con evidencia para las políticas públicas de acceso a la justicia. En esencia, las ENJ son un instrumento que se considera idóneo para caracterizar la “demanda” del acceso a la justicia. Durante la déca­da de los ’90, los estudios empíricos de necesidades jurídicas comenzaron a ser ampliamente utilizados en los Estados Unidos y en los países de la Common­wealth británica. En los últimos años, varios países de América Latina han desarrollado encuestas de necesidades jurídicas.


“Medir para decidir. Encuestas de necesidades jurídicas y políticas públicas de acceso a la justicia” es el primer volumen de la Colección Políticas Judiciales y Conflictos, dirigida por Marco Fandiño, Director de Estudios y Proyectos del Centro de Estudios de Justicia para las Américas. El libro es el producto de dos investigaciones sobre las encuestas de necesidades jurídicas desarrolladas por el equipo del CEJA.


La primera investigación consiste en una revisión sistemática de las encuestas realizadas a nivel internacional. Se analizan sus atributos conceptuales y metodológicos, indagando en la posibilidad de que diferentes decisiones metodológicas inciden en la generación de hallazgos distintos. Constituye una buena fuente de información sobre las diversas formas que adoptan estas encuestas en distintos países, así como de sus principales hallazgos en materia de conflictividad jurídica y barreras de acceso a la justicia.


La segunda investigación es un análisis del impacto de estas encuestas en las políticas públicas de acceso a la justicia de América Latina: Argentina, Chile, Colombia y Uruguay. Como consecuencia de dicho análisis, se proponen alternativas que podrían fortalecer el uso de la evidencia en las políticas públicas de justicia. Este objetivo pasa por fortalecer los atributos conceptuales y metodológicos de las encuestas, pero también por entenderlas como una pieza de un conjunto amplio y diverso de evidencias, que sólo podría ser de utilidad efectiva si se piensa dentro de un marco conceptual integral que atraviese todo el ciclo de las políticas públicas. Las recomendaciones apuntan a la nueva gobernanza de la evidencia desde un enfoque de derechos, cuyos atributos centrales son desarrollados en la parte final de este libro.


Se espera que la publicación resulte de interés para todas las personas que trabajan en el sector justicia, tanto en la función pública y judicial, como en la academia y la sociedad civil, especialmente quienes se ocupan de la formulación e implementación de proyectos, programas y políticas de acceso a la justicia.

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