En el encuentro participaron representantes de los mecanismos de prevención de la tortura de Argentina, Ecuador y Chile, junto con especialistas de la Asociación para la Prevención de la Tortura. Las experiencias compartidas permitieron identificar buenas prácticas y desafíos comunes para garantizar una protección efectiva de los derechos humanos de mujeres, personas LGBTI, pueblos indígenas, jóvenes y otras poblaciones que enfrentan condiciones particulares de vulnerabilidad dentro de las instituciones de privación de libertad.
El panel puso especial atención en la necesidad de incorporar un enfoque diferencial e interseccional en el monitoreo de los centros de privación de libertad y en el diseño de políticas públicas. Entre los principales desafíos identificados estuvieron el hacinamiento, la falta de información y datos desagregados, así como la necesidad de fortalecer la incidencia de los mecanismos de prevención en las políticas de seguridad y en las decisiones institucionales que afectan los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
El CEJA y la protección de los derechos de las personas LGBTI privadas de libertad

En representación del CEJA, el investigador Kevin Gutiérrez presentó una experiencia desarrollada en el marco del fondo OPCAT, orientada a fortalecer la protección de los derechos humanos de las personas LGBTI privadas de libertad.
La iniciativa partió de una comprensión amplia del concepto de privación de libertad, reconociendo que la protección y el monitoreo de los derechos fundamentales no se limitan a los establecimientos penitenciarios, sino que también incluyen otros espacios bajo tutela estatal, como los centros psiquiátricos.
El proyecto tuvo como uno de sus principales objetivos fortalecer las capacidades de operadores y funcionarios vinculados a los sistemas de salud mental y penitenciario, promoviendo conocimientos y herramientas para prevenir la discriminación, los malos tratos y otras formas de vulneración de derechos contra las personas LGBTI.
La metodología se estructuró en tres etapas. La primera consistió en una capacitación asincrónica sobre conceptos relacionados con la identidad y la expresión de género; una cátedra magistral dirigida a funcionarios y funcionarias en Santiago y Valparaíso. Finalmente, el proyecto incorporó un proceso de formación de formadores con el propósito de fortalecer las capacidades pedagógicas de las instituciones y contribuir a la sostenibilidad de las acciones implementadas.
Este enfoque busca avanzar hacia instituciones capaces de garantizar un trato digno y respetuoso de los derechos humanos, promoviendo cambios que trasciendan las capacitaciones puntuales y se integren progresivamente en la cultura institucional.
La importancia de fortalecer los mecanismos de prevención de la tortura
Durante el seminario también se destacó el papel fundamental que cumplen los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura (MNPT) en la protección de las personas privadas de libertad.

Una de sus principales funciones es la realización de visitas preventivas a distintos lugares donde las personas se encuentran bajo custodia o tutela del Estado. Estos mecanismos no limitan su labor al monitoreo de cárceles, sino que pueden observar las condiciones y prácticas existentes en diversos espacios de privación de libertad, permitiendo identificar situaciones que puedan representar vulneraciones de derechos.
A partir de estas visitas, los mecanismos generan evidencia e informes que incluyen recomendaciones dirigidas a las instituciones y autoridades responsables. Estas recomendaciones pueden contribuir a enfrentar problemas estructurales como el hacinamiento, las deficiencias en el acceso a servicios básicos y otras condiciones que afectan la dignidad y los derechos fundamentales de las personas.
El panel destacó, además, la importancia de que estos procesos incorporen herramientas específicas para identificar las necesidades y barreras que enfrentan determinados grupos. La utilización de guías de entrevista, protocolos y metodologías con enfoque diferencial e interseccional permite visibilizar situaciones que pueden permanecer ocultas en los sistemas generales de monitoreo.
La participación del CEJA en este espacio regional reafirma su compromiso con la generación de conocimiento, el fortalecimiento institucional y la promoción de políticas y prácticas que contribuyan a una justicia más respetuosa de la dignidad y los derechos fundamentales de las personas en las Américas.