CEJA capacitará a más de 800 funcionarias y funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de México

Más de 800 funcionarios y funcionarias del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) recibirán capacitación especializada de CEJA sobre las reformas a la justicia civil y de familia en las Américas, con énfasis en la instalación y el fortalecimiento de la oralidad en ambas materias. Los cursos forman parte de un programa apoyado por el Instituto de Estudios Judiciales del PJCDMX, la Comisión para la Implementación de la Oralidad Civil, Mercantil y de Extinción de Dominio y del Grupo de Trabajo para la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de México.

Diversos países de América Latina, entre los cuales se encuentra México, atraviesan un paulatino proceso de cambios en sus sistemas de justicia civil y familiar para dejar atrás la lógica del expediente escrito y cambiar hacia un sistema de audiencias orales donde las y los jueces aprecien directamente y con sus propios sentidos la prueba.

Los sistemas judiciales de las Américas requieren resolver los conflictos civiles y de familia con transparencia y celeridad a fin de garantizar un efectivo acceso a la justicia. En este marco, CEJA cuenta con reconocida experiencia en el desarrollo de estudios, herramientas y capacitaciones para impulsar las reformas a la justicia, tanto desde una perspectiva jurídica, como de política pública y de gestión, con una visión crítica y proactiva respecto de los desafíos que implican estos procesos en la región.

La capacitación desarrollada por CEJA en los cursos Reforma a la Justicia Civil y Reforma a la Justicia de Familia será dictada en alianza con el PJCDMX y aportará a profesionalizar y orientar las discusiones y respuestas a las preguntas centrales en torno a los procesos de reforma oral a la justicia civil y de familia, para generar información y decisiones de calidad, y contar con las herramientas necesarias para implementar adecuadamente los cambios que se experimentarán con la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de México.

En la inauguración de estas capacitaciones participaron distintas altas autoridades del Poder Judicial de la Ciudad de México, como el Magistrado Presidente Rafael Guerra Álvarez, la Mtra. Paulina Cal y Mayor Turnbull, Directora General del Instituto de Estudios Judiciales del PJCDMX,  y la Magistrada Esperanza  Hernández Valero, además de María Victoria Rivas, Presidenta del Consejo Directivo de CEJA, y Nataly Ponce, Directora Ejecutiva de CEJA.

Noticias relacionadas:

El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y la Escuela Nacional de la Defensoría Pública de la Unión (DPU) de Brasil suscribieron un Convenio Marco de Cooperación para fortalecer la administración de justicia y promover la capacitación especializada en el país. 
La presidenta de la Corte Suprema de Chile, ministra Gloria Ana Chevesich Ruiz, sostuvo una audiencia protocolar con la directora ejecutiva del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), en la que ambas autoridades abordaron temas de interés común orientados al fortalecimiento de la justicia y la cooperación regional. 
En el encuentro, ambas instituciones reafirmaron su compromisa para fortalecer la defensa pública de la región.
El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) da la bienvenida a Catalina Fernández Carter (Chile) y Christelle St-Natus Cavé (Haití), quienes se integran como nuevas consejeras.
El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), en conjunto con la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, abre las postulaciones a la 11.ª versión del curso regional “Mejorando la persecución penal y la resocialización en casos de violencia de género en Latinoamérica y el Caribe”, una formación especializada dirigida a fortalecer las respuestas del sistema de justicia penal frente a este tipo de delitos. 
CEJA asistió a la rendición de cuentas “Cuenta Pública de las cuatro Fiscalías Regionales Metropolitanas”, en Santiago de Chile. Como dato clave, se informó que durante 2025 las denuncias ingresadas aumentaron un 20%, alcanzando 786.403 casos, equivalentes al 42% del total nacional.