Prensa|CEJA
En el Día Internacional de la Mujer, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), como organismo internacional del Sistema Interamericano, reitera su compromiso en materia de igualdad de género.
CEJA insta a los diversos sectores de la sociedad, y en particular a aquellos vinculados a la Justicia, adoptar un férreo compromiso en materia de igualdad de género, con el objetivo de eliminar la desigualdad en el goce y ejercicio de los derechos, que afecta tanto a las mujeres justiciables como a las operadoras jurídicas[1] .
Igualdad de género en el acceso a la justicia
Los compromisos en materia de género demandan a los Estados asumir acciones para enfrentar las condiciones de desigualdad en el acceso a la justicia de las mujeres, quienes enfrentan barreras de diversa índole en la actualidad.
En este sentido, en el último Informe publicado por el Observatorio de Conflictividad Civil y Acceso a la Justicia (OCCA), se identifican una serie de problemáticas que consolidan las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a los sistemas de justicia.
Algunas de esas barreras se relacionan con la situación de pobreza y la falta de autonomía económica[2]. Esto cobra mayor relevancia cuando se analiza el mercado de servicios legales en la región y la necesidad de acceder a asistencia letrada.
Al respecto, en una de nuestras investigaciones recientes, también se recoge la preocupación en torno al impacto que la estratificación de la profesión jurídica puede tener en el acceso a la justicia de personas que -sin cumplir los requisitos para acceder a asistencia jurídica gratuita- requieren de asesoría legal.
De acuerdo a la investigación, la estratificación de la profesión ha establecido áreas privilegiadas de ejercicio y niveles de calidad de los servicios diferenciados; por lo que las dinámicas de demanda y oferta limitan las posibilidades de acceso a los servicios de una parte importante de la población o sólo permite acceder a servicios de calidad cuestionada[3].
En este escenario, el mercado de profesionales se constituye en una barrera para el acceso a la justicia; siendo una de tipo económica al estar determinada por la capacidad financiera de las personas y que, por tanto, obstaculiza el acceso a la justicia de las mujeres, sea por no contar con recursos económicos o no tener autonomía sobre dichos recursos.
Igualdad de género en el ejercicio profesional
Junto con eliminar las barreras de acceso a la justicia para mujeres justiciables, la transversalización del género en los sistemas de justicia requiere reconocer las brechas y sesgos que se reproducen al interior del propio sistema respecto de las profesionales que concurren o forman parte de él.
Por tanto, este compromiso demanda a los sistemas de justicia y las diversas instituciones que se desempeñan en este ámbito, a reconocer y erradicar las prácticas, políticas y normativas que impiden a las mujeres acceder a espacios de ejercicio al interior del sistema.
En este sentido, en la investigación referida, también se comprobó que en el ejercicio privado de la abogacía prevalecen brechas de género en el mercado de servicios legales. Se refiere a la persistencia de “techos de cristal”, entendidos como las limitaciones en las posibilidades de ascenso profesional en virtud de su género.
En relación a lo anterior, se analizó la composición por género de los principales estudios jurídicos de cinco países: Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala y México.
De acuerdo a la información obtenida, la presencia de abogadas socias en los estudios jurídicos de prestigio es minoritaria, pese a que la incorporación de las mujeres en el ámbito del Derecho es un proceso iniciado desde el siglo XIX en la región, que para el año 2010 estimaba que la presencia de abogadas en la oferta de profesionales era de 35% en México, 58% en Chile, 44% en Guatemala, 48% en Bolivia y 45% en Costa Rica.
“Las paredes de cristal,” por su parte, se refieren a la barrera para la presencia en ciertas áreas del derecho que se perciben como masculinas. De igual forma, se han atribuido ciertas áreas de ejercicio a las abogadas, en atención al género, como es el derecho de familia.
Un tercer obstáculo para la igualdad en el ejercicio profesional, se vincula a la menor compatibilidad de las labores domésticas y profesionales debido al género, lo que responde a la división sexual del trabajo que, mientras no cambie hacia una coparticipación del trabajo doméstico, supondrá una carga que dificulte el acceso de las mujeres a los espacios públicos.
Cada uno de estos obstáculos impide lograr la presencia paritaria de las abogadas en los diversos ámbitos de ejercicio profesional, promoviendo una segmentación de la profesión en atención a características atribuidas al género que no tienen relación con las capacidades profesionales.
Igualdad de género en la formación jurídica
Incorporar la perspectiva de género en el ejercicio profesional constituye un desafío que atañe a todas las instituciones, desde la formación académica hasta los espacios de ejercicio y control profesional.
Sin embargo, y pese a que en los últimos años los Estados de la región han suscrito una serie de instrumentos universales e interamericanos en materia de igualdad y no discriminación, los programas de formación jurídica no han incorporado espacios de estudio referidos al género y, en general, a los grupos vulnerabilizados.
De acuerdo nuestra investigación, los programas de estudios de las universidades analizadas dan cuenta de resultados poco alentadores respecto de la incorporación de cátedras referidas a género, puesto que sólo una de las universidades pesquisadas cuenta con asignaturas referidas a la materia.
A su vez, al menos una universidad de la muestra indicó que los contenidos en materia de género son parte del programa de derecho de familia. Circunscribir el estudio de grupos vulnerables a materias específicas como es el derecho de familia puede implicar la reproducción de un sesgo en materia de género, al limitar su discusión y análisis a ámbitos familiares o domésticos entendidos como el espacio privado; lo que impide la comprensión de la desigualdad como un fenómeno social complejo que impacta en cada ámbito de la vida de las mujeres.
Los argumentos antes mencionados, son sólo algunos ámbitos que requieren acciones concretas por parte de los Estados y sus sistemas de justicia para superar estos diagnósticos desalentadores.
Este 8 de marzo, CEJA saluda a todas las mujeres y convoca a los operadores e instituciones de justicia a construir nuevos espacios de diálogos y cambios para lograr erradicar los sesgos, estereotipos y barreras que impiden a las mujeres el pleno ejercicio y goce de sus derechos.
[1] CEJA. (2018). “Política de igualdad de género”. Disponible en: https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/5656
[2] OCCA. (2020). “Conflictividad civil y barreras de acceso a la justicia en América Latina. Informe de salud”. Disponible en: https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/5667/Informe%20de%20Salud%20-%20OCCA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[3] CEJA. (2020). “El ejercicio de la abogacía en América Latina: en la búsqueda de una agenda de trabajo”. Disponible en: https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/5666