Noticias
  • Register

            

2 de junio 2019

Por Jaime Arellano Quintana

Director Ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA)


Las situaciones de corrupción en la justicia latinoamericana requieren que todos los estados miembros de la OEA garanticen activamente la autonomía, transparencia, calidad y responsabilidad de sus organismos judiciales y de persecución penal. Dicha garantía se materializa en el respeto, protección e impulso de la independencia y también de la calidad y responsabilidad de juezas, jueces y fiscales.

En nuestra opinión, el sistema de nombramientos judiciales vigente en Chile, no favorece la independencia de juezas y jueces. Más aún, la estructura del gobierno judicial, junto al concepto y diseño de la carrera establecida para la judicatura, también generan obstáculos a la independencia judicial y la calidad de la justicia en el país.

 

Chile ha implementado transformaciones profundas e integrales de todos sus sistemas de justicia (pendiente sólo el civil). Sin embargo, las antiguas estructuras y lógicas del gobierno judicial, de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, permanecen prácticamente intocadas. La esquizofrenia del sistema hace daño y da señales contradictorias: diseños procesales modernos, oralidad, adversarialidad, inmediación, organización ad hoc, gestión profesional de causas y tribunales en la primera instancia; y -paradójicamente-, ausencia de ello en los tribunales superiores.

Es necesaria una mirada sistémica para reformar de modo integral el Gobierno Judicial, los perfiles de la judicatura en sus diversas funciones y jerarquías, el reclutamiento y formación de jueces y juezas, y el sentido y materialización de una carrera judicial.

En esa línea, la función de selección, formación y nombramiento de jueces, debiera radicarse en un Consejo de Nombramientos y Formación Judicial, separando de dichas funciones a las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Especial atención en el diseño debe prestarse a sus atributos de independencia y capacidad técnica, para lo que se requiere regular adecuadamente la representación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, la judicatura y el mundo jurídico.


De igual modo, consideramos que poner término a la verticalidad de la carrera judicial, favorece la independencia judicial, la incorporación de conocimiento y experiencia externa valiosa a todas las instancias; mayor movilidad a la Corte Suprema; y, focalización de la formación inicial y continua. Complementando lo anterior, somos partidarios de un sistema judicial abierto, que permita la libre incorporación de abogadas y abogados externos de experiencia a la judicatura, en sus diversos niveles. Canadá, es un exitoso ejemplo a seguir.

Lo señalado son sólo algunos aspectos de varios que Chile debiera asumir para avanzar en independencia y calidad de la justicia. Esta reforma integral debiera contribuir, a su vez, a la prevención de situaciones de corrupción, como la que se investiga en Rancagua.

Chile está a tiempo, pero ya pasamos la etapa de señales y advertencias. Si se quiere evitar que los comportamientos anti éticos se normalicen (y admiren) y la corrupción se instale, se deben materializar acciones contundentes para prevenir, investigar, perseguir y sancionarlos. Chile puede ir más lejos y encabezar, junto a otros países, la reactivación de la Reunión de Ministros de Justicia de las Américas REMJA. En diálogo con la Cumbre de los Poderes Judiciales, se debiera citar a una reunión regional cuyo objetivo sea debatir y concordar una Agenda y Plan de Acción para la Regeneración Democrática de los Sistemas de Justicia de América Latina.

Artículo de opinión publicado en el diario El Mercurio (02/06/19, sección A2)

Inicio

Acerca de CEJA

Áreas de Trabajo

Capacitación

Biblioteca Virtual

Noticias

Pasantias

Contacto

  • Register