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2 de junio 2019

Por Jaime Arellano Quintana

Director Ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA)

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Las situaciones de corrupción en la justicia latinoamericana requieren que todos los estados miembros de la OEA garanticen activamente la autonomía, transparencia, calidad y responsabilidad de sus organismos judiciales y de persecución penal. Dicha garantía se materializa en el respeto, protección e impulso de la independencia y también de la calidad y responsabilidad de juezas, jueces y fiscales.

En nuestra opinión, el sistema de nombramientos judiciales vigente en Chile, no favorece la independencia de juezas y jueces. Más aún, la estructura del gobierno judicial, junto al concepto y diseño de la carrera establecida para la judicatura, también generan obstáculos a la independencia judicial y la calidad de la justicia en el país.

 

Chile ha implementado transformaciones profundas e integrales de todos sus sistemas de justicia (pendiente sólo el civil). Sin embargo, las antiguas estructuras y lógicas del gobierno judicial, de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, permanecen prácticamente intocadas. La esquizofrenia del sistema hace daño y da señales contradictorias: diseños procesales modernos, oralidad, adversarialidad, inmediación, organización ad hoc, gestión profesional de causas y tribunales en la primera instancia; y -paradójicamente-, ausencia de ello en los tribunales superiores.

Es necesaria una mirada sistémica para reformar de modo integral el Gobierno Judicial, los perfiles de la judicatura en sus diversas funciones y jerarquías, el reclutamiento y formación de jueces y juezas, y el sentido y materialización de una carrera judicial.

En esa línea, la función de selección, formación y nombramiento de jueces, debiera radicarse en un Consejo de Nombramientos y Formación Judicial, separando de dichas funciones a las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Especial atención en el diseño debe prestarse a sus atributos de independencia y capacidad técnica, para lo que se requiere regular adecuadamente la representación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, la judicatura y el mundo jurídico.


De igual modo, consideramos que poner término a la verticalidad de la carrera judicial, favorece la independencia judicial, la incorporación de conocimiento y experiencia externa valiosa a todas las instancias; mayor movilidad a la Corte Suprema; y, focalización de la formación inicial y continua. Complementando lo anterior, somos partidarios de un sistema judicial abierto, que permita la libre incorporación de abogadas y abogados externos de experiencia a la judicatura, en sus diversos niveles. Canadá, es un exitoso ejemplo a seguir.

Lo señalado son sólo algunos aspectos de varios que Chile debiera asumir para avanzar en independencia y calidad de la justicia. Esta reforma integral debiera contribuir, a su vez, a la prevención de situaciones de corrupción, como la que se investiga en Rancagua.

Chile está a tiempo, pero ya pasamos la etapa de señales y advertencias. Si se quiere evitar que los comportamientos anti éticos se normalicen (y admiren) y la corrupción se instale, se deben materializar acciones contundentes para prevenir, investigar, perseguir y sancionarlos. Chile puede ir más lejos y encabezar, junto a otros países, la reactivación de la Reunión de Ministros de Justicia de las Américas REMJA. En diálogo con la Cumbre de los Poderes Judiciales, se debiera citar a una reunión regional cuyo objetivo sea debatir y concordar una Agenda y Plan de Acción para la Regeneración Democrática de los Sistemas de Justicia de América Latina.

Artículo de opinión publicado en el diario El Mercurio (02/06/19, sección A2)

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