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Santiago, 17 mayo 2019.

En el Día internacional contra la discriminación por la orientación sexual e identidad de género, recordamos la importancia de juzgar con perspectiva de género. Mira aquí el mensaje de Andrés Rivera Duarte, consultor internacional de derechos humanos e identidad de género: https://www.youtube.com/watch?v=OQ645PeHqB4

Durante el IV Programa de Capacitación para jueces y juezas que organiza CEJA, Rivera Duarte enfatizó en la importancia de conocer los conceptos sobre identidad de género y orientación sexual, los derechos humanos LGBTIQ+, los protocolos de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género e implementar el método para juzgar con perspectiva de género y orientación sexual. "Fallar con perspectiva de género significa respetar al ser humano, respetar su esencia, respetar su dignidad", explicó el especialista.

 

Asimismo presentamos algunas cifras sobre la situación de las personas LGBTIQ+ en las Américas:


1. En Honduras el año 2017 se registraron oficialmente un total de 27 muertes violentas en contra de personas LGBTIQ+, sin embargo, solo se judicializaron 5 casos (CATTRACHAS, 2018)

2. En Puerto Rico hay ley para procesar crímenes de odio para procesar delitos contra personas LGBTIQ+, pero solo se ha producido una sentencia 14 años después de que las reglas de procedimiento criminal incluyeran el prejuicio como agravante (El Tiempo, 2018).

3. Un reciente estudio de CEJA reveló que en Honduras persisten en operadores y operadoras prejuicios en contra de personas trans que han sido víctimas, quienes son obligadas a ser tratadas con su nombre legal durante el proceso y las audiencias (Fibla y Valenzuela, 2019)

4. Según la CIDH se reporta que oficiales de policía se encuentran directamente involucrados en un “buen número” de asesinatos de mujeres trans en América Latina. Los motivos incluyen venganza contra quienes denuncian actos ilegales cometidos por los oficiales así como el resultado de discusiones con la policía respecto de “favores sexuales” o dinero (CIDH, 2015).

5. En Chile una encuesta dirigida a mujeres lesbianas y bisexuales, preguntó: "¿en caso de haber sido víctima de violencia por parte de tu pareja acudiste a una institución como Carabineros, PDI, Fiscalía o Tribunal para denunciar la situación?" Un 90,99%. Del 9,1% que respondió que sí, un 57,4% señala que su denuncia no fue recibida o tratada correctamente por la institución (Agrupación Rompiendo el Silencio, 2018).

6. La CIDH insta a establecer unidades especializadas en la fiscalías o designar fiscales y fiscalas especializadas para investigar o presentar acusación en casos de crímenes cometidos en contra de las personas LGBTIQ+, debiendo el personal estar capacitado para ello (CIDH, 2015).

7. La CIDH sugiere fortalecer los servicios públicos de asistencia jurídica -incluyendo asesoría, asistencia y representación - y garantizar que las personas LGBTIQ+ que sean víctimas de crímenes puedan tener un acceso a la justicia (CIDH, 2015).

8. La CIDH recomienda emitir directrices y protocolos para asistir a las fuerzas de seguridad del Estado y jueces y juezas en su deber de garantizar que las disposiciones legales que penalizan conductas públicas sobre la base de motivos vagamente definidos con el objetivo de proteger la moral pública" y otras disposiciones afines, no sean aplicadas de manera que criminalicen a las personas LGBTIQ+ o aquellas percibidas como tales (CIDH, 2015).

9. La CIDH llama a la capacitación de operadoras y operadores del sistema de justicia mediante la adopción de protocolos y entrenamientos especializados para personas fiscales, juezas, defensoras, entre otros, sobre derechos humanos y personas LGBTIQ+ (CIDH, 2015).

10. Al menos 23 homicidios fueron cometidos entre enero y septiembre 2017 en El Salvador, según la organización civil (Comcavis-Trans). La Fiscalía General de la República, por su parte, solo registraba 5 casos en el primer semestre (El Tiempo, 2018).

Desde CEJA, invitamos a operadores y operadoras de la justicia a participar activamente desde la práctica jurídica implementando la perspectiva de género en todos los procesos y erradicar la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

 

 

 

 

 

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